El Tribunal de Cuentas investiga el pago de «sobresueldos» en Lipasam
La empresa paga más de un millón de euros anuales en pluses e incentivos no recogidos en convenios ni contratos
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó en 2009 a la sección de Enjuiciamiento de ese órgano abrir un procedimiento de posible responsabilidad contable por los «sobresueldos» que la Empresa de Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) pagaba a sus puestos de libre designación — entre ellos Alfonso Mir, ex gerente de la empresa entre 2003 y 2007 — mandos intermedios y trabajadores, a pesar de que esos «pluses» e «incentivos» no estaban recogidos en el convenio colectivo ni en muchos contratos.
La Fiscalía ordenó investigar los hechos al detectar indicios de un delito de responsabilidad contable , es decir acciones u omisiones que originan menoscabo de los caudales y que de resultar culpable, los responsables estarían obligados a la devolución de las cantidades abonadas indebidamente. Lipasam admite que sigue repartiendo más de un millón de euros anuales en pluses e incentivos a 145 directivos y trabajadores porque —asegura— están refrendados jurídicamente.
La Cámara de Cuentas realizó un informe de fiscalización de Lipasam en 2006, que recogía un rosario de irregularidades en la política de contrataciones de personal y servicios, pero lo que llamó más la atención de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas fueron dos hechos: el cobro de complementos retributivos denominados «Plus complementario» e «Incentivo Voluntario Variable (IVV)» por entender que podría estar incurriéndose en un delito de responsabilidad contable por parte de la empresa, presidida por el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín , y cuyo gerente era entonces Alfonso Mir, hoy concejal de Convivencia y Seguridad Ciudadana .
Según fuentes del Tribunal de Cuentas, a raíz del informe de la Cámara de Cuentas, la sección de Enjuiciamiento abrió en 2009 un procedimiento por posible responsabilidad contable y pidió a la propia Cámara de Cuentas que investigara a fondo los hechos y una vez realizado el informe lo enviara al Tribunal de Cuentas para que un juez dictara sentencia. Las mismas fuentes indicaron que dos años y medio después aún no se ha recibido en el Tribunal de Cuentas el informe de instrucción , que podría poner en un brete a Alfredo Sánchez Monteseirín, actual alcalde de Sevilla, y a Alfonso Mir, en caso de que se detecten indicios de responsabilidad directa o subsidiaria.
Según el informe de la Cámara de Cuentas de 2006, en Lipasam «hay un complemento retributivo denominado "Plus Complementario" que sólo perciben los puestos de libre designación y los puestos catalogados como mandos. Este plus no está recogido en el convenio se ni se ha facilitado algún documento interno donde se indique su aprobación por el órgano competente». Según la dirección de la empresa, «la finalidad de este plus es, de un lado, amortiguar la diferencia económica que se puede suscitar entre los establecido en el contrato y lo dispuesto en el convenio colectivo y, de otro, equiparar puestos de igual categoría». Sin embargo, a la Cámara de Cuentas le escama que «para determinados trabajadores este plus represente hasta el 49% del total de retribuciones pactadas». El otro tirón de orejas que la Cámara de Cuentas daba a Lipasam se refería al «Incentivo Voluntario Variable (IVV)» que se pagaba a sus trabajadores en función de objetivos. Pues bien, ese incentivo —dice— «no está recogido en el convenio colectivo ni se ha facilitado ninguna normativa interna. Ese incentivo llega a suponer para algunos trabajadores importes de más de 13.000 euros anuales».
La mayoría de esos 145 trabajadores cobran tanto el plus como el incentivo
Manuel Torreglosa, actual director de Recursos Humanos de Lipasam aseguró ayer que existen laudos arbitrales y sentencias del TSJA emitidas a raíz de denuncias de CC.OO que avalan la legalidad de los pluses e incentivos. Torreglosa achaca lo sucedido más bien «a un error administrativo» de un antiguo director de Recursos Humanos, que no habría entregado a la Cámara de Cuentas todos los documentos necesarios para explicar el pago de esas cantidades. «Esos pluses e incentivos no son ilegales, están refrendados jurídicamente», aseguró el directivo de Lipasam, que admite que aún se siguen pagando a unos 145 directivos de los 1.350 trabajadores de empresas. De hecho, la empresa admite repartir 458.777 euros anuales en incentivos y 633.042 euros anuales en pluses complementarios.
La mayoría de esos 145 trabajadores cobran tanto el «Plus Complementario» como el «Incentivo Voluntario Variable», admitió Torreglosa, quien afirma que «el plus se cobra porque esos trabajadores realizan un sobreesfuerzo al no estar sujetos a horarios y realizar horas extras, mientras que el incentivo (IVV) se abona como prima de productividad, un incentivo ligado a objetivos». El director de Recursos Humanos asegura que el IVV fue aprobado en Consejo de Administración en 1999, mientras que el Plus Complementario se remonta a 1986 y es fruto de acuerdos contractuales con los trabajadores. Se da la circunstancia, según admite Torreglosa, que algunos trabajadores han estado cobrando el Plus Complementario sin tenerlo recogido en sus contratos.
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