La actual delegada de Servicios Económicos del Ayuntamiento alcalareño y número cuatro en las listas electorales del PSOE, María José Borge, ha sido imputada por la presunta contratación irregular de una empresa de gestión deportiva. La imputación realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá se produce a raíz de la denuncia formulada por el sindicato Comisiones Obreras. El PP y el PA ya han pedido la dimisión de la edil y su exclusión de la lista electoral. La contratación objeto de la denuncia es la de la empresa Mudarra Gestión Deportiva S.L. para hacerse cargo de la dirección de la política deportiva municipal en noviembre de 2009. El contrato ascendía a 9.160 euros. La contratación se formula entonces por «una reconocida solvencia técnica y profesional», que era una de las exigencias del pliego de prescripciones técnicas. Sin embargo, la empresa seleccionada se constituye el 15 de octubre de 2009 y el contrato se produce el 6 de noviembre, un
periodo escaso para acumular una «reconocida solvencia». El adjudicatario renuncia poco después, el 21 de diciembre y el contrato queda resuelto.
También está imputado un técnico municipal responsable de la contratación y ahora los dos deberán enfrentarse a un juicio oral por un presunto delito de prevaricación. Las penas que podrían recaer sobre ellos son de entre siete y diez años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público.
El juzgado ha estimado el recurso formulado por CC.OO. a una anterior resolución en la que se estimaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Ahora, el nuevo auto acuerda que «prosigan las actuaciones también respecto de María José Borge Montero por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos fueren constitutivos de delito de prevaricación». El auto judicial afirma sobre María José Borge que «la competencia decisoria, organizativa y gestora parece recaer sobre la querellada, no pudiendo eliminarse, siguiendo la tesis de CC.OO que tuviera real conocimiento e incluso capacidad decisoria en la contratación cuestionada».
Desde el Gobierno local se afirma que «se trata meramente de una cuestión de interpretación jurídica, concretamente sobre las normas de capacitación y solvencia exigibles al adjudicatario de un contrato menor». Al mismo tiempo aclaran que no existe ninguna acusación contra la concejal socialista, al estar el procedimiento en la primera fase de investigación. Los abogados de la defensa de María José Borge consideran que su actuación se ajusta a la legalidad y para ello se basan en «numerosos informes» de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que aportarán al procedimiento.
