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Viera firmó un ERE con «intrusos» cuando era consejero de Empleo

El PP hizo público el documento de la firma en que la Junta financiaba las prejubilaciones de Boliden Apirsa

Viera firmó un ERE con «intrusos» cuando era consejero de Empleo ABC

M.BENÍTEZ

Ni el domingo de preferia de Sevilla fue tranquilo en relación con la trama de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía y la supuesta intervención del que fuera consejero de Empleo y actual secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera. Un asunto sobre el que ayer el PP hizo público un nuevo documento que señala directamente al propio Viera como firmante de uno de esos ERE .

Así según los papeles que ayer presentó en rueda de prensa la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, el propio Viera firmó en el año 2002, siendo consejero de Empleo un ERE con cargo a la partida 31.L (la que el propio ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, bautizó como «fondo de reptiles) para sufragar las prejubilaciones de trabajadores de Boliden Apirsa, la empresa que explotaba la mina de Aznalcóllar y en la que se produjo en 1998 un grave desastre ecológico al romperse la balsa y producirse un enorme vertido al río Guadiamar.

Así las cosas, el documento hecho público ayer es el protocolo de actuaciones para las prejubilaciones de los ex trabajadores de esta empresa y fue firmado por Viera siendo consejero de Empleo, por una parte, y por otra por varios dirigentes de CC.OO. y UGT entre ellos los propios Julio Ruiz y Manuel Pastrana. Según el citado protocolo, el colectivo de ex trabajadores aportaría 17.496.432 euros, de los que 2.842.787 euros serían aportados por la propia Consejería de Empleo.

Y a esa cantidad hay que sumar otros 15.626.314 euros que también aportaría la Junta de Andalucía para «garantizar que los trabajadores acogidos al plan de prejubilaciones alcancen el 90 por ciento del salario neto, que corresponden a su compromiso de aportación del 50 por ciento».

Se trata de un documento que, según los populares, desmonta la teoría del propio Viera que ha insistido en los últimos días en que no firmó ningún ERE ni decidía sobre la partida 31.L.

Por el contario, según recalcó ayer Rosario Soto, estos papeles «vuelven a demostrar que Viera está directamente implicado en la trama de las falsas prejubilaciones».

Además, según Soto, en ese protocolo «existen intrusos, a pesar de que en la investigación internar e la Junta de Andalucía no aparecen». De hecho, de momento, no ha trascendido que entre la investigación que lleva a cabo la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, figure el nombre de esta empresa entre las investigadas.

En el caso de que existieran tal y como denuncian los populares intrusos en el Expediente de Regulación de Empleo de esta entidad, sería un caso de ERE muertos ya que se trata de una regulación que ya culminó. De hecho el pasado mes de septiembre en el Parlamento de Andalucía, el propio consejero de Empleo, Manuel Recio, admitía en una comparecencia. que la Junta de Andalucía había «cumplido todos los compromisos» con los ex mineros de Boliden e insistía en que no quedaba pendiente ningún compromiso.

Recio admitía en esa comparecencia que en julio de 2002 la Consejería de Empleo había firmado un protocolo de colaboración con los sindicatos CC.OO. y UGT que establecía que la Junta atendería para su estudio y cofinanciación las pólizas de planes de prejubilaciones de los ex mineros que se acogieran a ese plan y cuantificaba el colectivo de trabajadores en 275.

En conflicto

En este caso hay que recordar que la investigación llevada a cabo hasta ahora por la administración autonómica y enviada al juzgado de instrucción sólo se refiere a los ERE vivos mientras que las supuestas irregularidades que ahora denuncia el PP estarían en uno muerto. Un dato que podría aparecer entre los papeles que ha solicitado la propia juez Alaya que pidió a la Junta las actas de todos los consejos de gobierno desde el año 2001 y que ahora se encuentra envuelto en un conflicto de competencias. El caso está pendiente de que se decida sobre su remisión al Tribunal Supremo ya que la Junta de Andalucía alegó el secreto de las deliberaciones para no entregar a la magistrada todas las actas mientras que la Fiscalía se opuso a ello.

Es probable que la jue dicte en los próximos días un nuevo escrito deciendo si envía el conflicto al Tribunal Supremo. Y mientras esas actas están depositadas en los juzgados de Sevilla custodiadas día y noche y a buen recaudo.

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