Un intruso se enteró «en un mitin del PSOE» de las «ayudas» en ERE

Se lo comentó en la sede local del partido un exdirigente y exedil de Camas

13/05/2011 a las 01:45h.

La Consejería de Empleo mantiene que sólo ha subvencionado quince expedientes de regulación de empleo (ERE) «muertos», es decir, aquellos que ya ha terminado de abonar con fondos públicos entre 2001 y 2010.

De los ERE ya liquidados se beneficiaron un total de 639 trabajadores cuyas pólizas ya se han cancelado, según reveló el consejero de Empleo, Manuel Recio, respondiendo a una pregunta parlamentaria realizada por el PP, que le interpeló acerca de cuántos expendientes ya no están «vivos» y los que no han sido incluidos en la investigación interna desarrollada por la Consejería de Empleo, donde encontró 72 intrusos. Entre los ERE ya liquidados figuran empresas, como Matadero Fuente Obejuna SAL donde en un expediente autorizado con posterioridad Empleo admitió la existencia de 4 falsos prejubilados. Heineken España tiene también un ERE «muerto» que afectó a 223 trabajadores. La compañía cervecera recibió la mayor ayuda con cargo a la partida autonómica para empresas en crisis, 16 millones de euros.

M. BENÍTEZ / A. R. VEGA

Uno de los falsos prejubilados en un expediente de regulación de empleo (ERE) subvencionado por la Junta, José Antonio García Prieto, «se enteró en un mitin del PSOE a través de una persona, al parecer el Sr. Guerrero —exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta (1999/2008)—, de que se podían solicitar ayudas para los desempleados que reunieran una serie de requisitos». Ricardo Medina Barrios, otro de los supuestos «intrusos», relata así a la Policía Judicial cómo se gestó su inclusión en el ERE de la empresa textil Intersur, donde nunca había trabajado.

En su declaración, que forma parte del sumario del caso de las prejubilaciones fraudulentas que investiga el Juzgado de instrucción número seis de Sevilla, este militante del PSOE desde hace diez años comenta que en el año 2003 se encontraba en el paro y fue entonces cuando «coincide con unos amigos en la sede del PSOE de Camas». Allí, charla con García Prieto, concejal del Ayuntamiento sevillano de Camas por el PSOE desde 1979 a 1983 y desde 2003 a 2007, quien le indica que «iba a solicitar la ayuda para entrar en el ERE y dado que él estaba en la misma situación se interesó para solicitar la ayuda».

D La cadena de favores no termina ahí. Días después, en un nuevo reencuentro —prosigue Medina Barrios—, «le comenta esta posibilidad a otro amigo suyo, José Acevedo y, consultando nuevamente con el Sr. Prieto deciden solicitar la ayuda que les dijo». Según las indicaciones de éste, les bastaba con aportar la vida laboral, fotocopia del DNI y un teléfono de contacto. Pasados unos días, quedan los tres y en el coche del exconcejal de Camas, que desde 2007 era secretario municipal del PSOE en este Ayuntamiento, se dirigen a la avenida de Hytasa (sede de la Consejería de Empleo) para entregar los documentos, que no pudieron dar en mano a Guerrero, porque no se encontraba en ese momento en su despacho, y le dejaron el sobre a una funcionaria. Meses después, «le llamaron de Vitalicio» y firmó una «documentación» aportando el número de su cuenta bancaria. Alega que él pensó que esa documentación «era una ayuda que le concedía la Junta de Andalucía». Un mes después, en diciembre de 2003,

comenzó a cobrar las indemnizaciones, que oscilan entre 900 y 1.200 euros mensuales. El 14 de marzo pasado, cuando realizó sus declaraciones ante la Policía, seguía cobrando este dinero.

Fontanero de profesión

La dirección del PSOE le obligó a darse de baja en el partido «a raíz de la publicación de su nombre en la prensa», exigencia que no se le ha hecho, por ejemplo, al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, pese a haber sido imputado también, junto a otras 28 personas más. En su caso, cuenta que «ha sido fontanero, trabajador en Bodegas Campos en Córdoba, en las discotecas Los Daneses y La Fox y, por último, en el Ayuntamiento de Camas» como chófer, vigilante y peón de jardinería.

Confesó, eso sí, no conocer a Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y conocido como conseguidor por su supuesta destreza para gestionar prejubilaciones fraudulentas.

El exdirigente socialista José Antonio García Prieto, falso prejubilado en dos ERE financiados por la Junta —uno de la textil Intersur y otra en la que aparecía como tomadora la empresa Morgan&Meyer— admitió a la Policía que donó la sede del PSOE de Camas bajo la fórmula de alquiler con opción a compra. El 15 de marzo, tras ser detenido por un supuesto delito de tráfico de influencias, García Prieto relató a los agentes que «la donación se hizo en el año 2010» y que «consta a nombre suyo y al de una compañera del partido», Encarnación Díaz Cerezo (alcaldesa de Camas en 2003).