«Cuando salgo de la cárcel y no tengo donde ir, ¿adónde me dirijo?»

La información que se canaliza a través de la institución que encabeza, le sirvió ayer a José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, para ofrecer en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) una panorámica sobre la situación y quejas de los presos en los centros penitenciarios de la región. De hecho, en su Oficina se han registrado en el último año del orden de 420 quejas procedentes de este colectivo.

Chamizo, que intervino en el marco de un máster en Criminología y Ciencias Forenses de la UPO, se refirió al «altísimo número de presos» existente en las cárceles españolas, que «no se corresponde con el nivel de delincuencia, comparado con otros países europeos en los que la delincuencia es superior», lo que atribuyó, según comentó a ABC, al «endurecimiento del código penal». Así, detalló que a finales de 2010 el volumen de presos en España ascendía a 73.929, de los que 17.215 se localizaban en Andalucía. En este mismo periodo, el número de personas encarceladas descendió en 2.250 en todo el país, mientras que en nuestra Comunidad Autónoma sólo bajó en 200.

El Defensor recurrió a los números para indicar que uno de los principales problemas de nuestras prisiones es el de la reinserción y reeducación, una tarea que es «difícil» desarrollar en «un colectivo tan amplio». En este sentido, y pese a reconocer que es uno de los objetivos en los que se va avanzando, advirtió la necesidad de una «mayor colaboración de la Junta» encaminada a la oferta de talleres para formación en el empleo y a «cualquier otro recurso que sirva para que el tiempo que los presos pasan en las cárceles no sea en balde». Enlazando con este asunto, no quiso pasar por alto una cuestión peliaguda, y aún «no resuelta», como la de «la falta de recursos» para los presos que cumplen sus condenas y cuando abandonan la prisión se hallan sin familias o éstas son núcleos ya desestructurados. «Algunos se dirigen a asociaciones religiosas, que tienen unos recursos insuficientes, y otros se quedan en la calle. Ese es el problema: cuando salgo de la cárcel y no tengo dónde ir, ¿adónde me dirijo?», se cuestionó José Chamizo en tono de reflexión.

Junto a este complicado dilema, se refirió al problema que para los reclusos supone la pérdida de citas hospitalarias y, en especial, de aquellas que requieren pruebas que sólo pueden realizarse en hospitales. En este punto, destacó el impulso que, tanto por parte del delegado del Gobierno como del fiscal jefe de Andalucía, se está dando para avanzar en el trabajo de una comisión específica que está intentando resolver esta situación, «como se está haciendo —asegura— en algunos centros de Cádiz y Córdoba, aunque en Sevilla todavía está sin solución».

El Defensor del Pueblo Andaluz aludió también a la enfermedad mental como una problemática que, pese a centrarse en la sociedad en su conjunto, se traspasa en buena medida a la cárcel. Así, apuntó que, a nivel nacional, un 25,6% de los presos presenta «uno o más diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica»; un porcentaje que se eleva al 49,6% si se tienen en cuenta otros antecedentes como el consumo de drogas. A este respecto, precisó que «sólo hay dos psiquiátricos penintenciarios en toda España, con lo que los presos con esta enfermedad se hallan en módulos o en enfermerías de las prisiones. Desde el Defensor —señaló a ABC— hemos pedido que se interne, dentro y fuera de la cárcel, con más recursos para estas personas; de hecho, se ha creado un protocolo para que puedan recibir una mayor atención».

De las 420 quejas registradas en la institución que representa, Chamizo afirmó que las más frecuentes guardan relación con los permisos penitenciarios y con la reclamación al derecho del tercer grado. Del mismo modo, citó las quejas por traslados, en particular de personas que son de fuera de Andalucía y quieren estar cerca de sus familias o al revés, así como las referidas al régimen penintenciario general y aquellas de personas que «se declaran inocentes y tenemos que mirar —dice— de una en una».