No sólo los taxistas, entidades ecologistas, ciclistas y de peatones han mostrado ya su oposición a la derogación del Plan Centro, una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno municipal, según ha asegurado el alcalde Juan Ignacio Zoido. Después de que los taxistas señalaran que el levantamiento de la restricción que impide a los vehículos privados circular por el centro más de 45 minutos podría provocar el caos, la Asociación de Peatones de Sevilla, la Asamblea Ciclista Acontramano, la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, el Foro de Vida Independiente y Ecologistas en Acción emitieron ayer un comunicado conjunto bajo el título «Por un centro sostenible», en el que reclaman que mantenga el plan. Y para ello recurrieron, por primera vez, a argumentos economicistas, ya que consideran que la eliminación del plan supondría «un derroche de dinero público».
Tras invitar al nuevo Gobierno de Sevilla a «trabajar por la mejora de la accesibilidad universal y la movilidad sostenible en nuestra ciudad», estas entidades señalan que el llamado Plan Centro ha significado «un pequeño pero necesario avance en la racionalización del uso y el disfrute del espacio público, que ha incrementado la calidad de vida y los derechos fundamentales de nuestros vecinos y visitantes en todo lo relativo a la mejora del medio ambiente, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la salud pública, el patrimonio histórico sevillano o losderechos de los niños y los ancianos de nuestra ciudad».
Por ello consideran que la eliminación del control de acceso de vehículos privados a motor en el centro de Sevilla además de significar «un importante retroceso en la calidad de vida de la zona significaría desaprovechar una importante inversión pública totalmente operativa en el momento actual y pagada con el dinero de los contribuyentes. En un momento en que se apremia por el ahorro presupuestario, poner en marcha y desmontar esta infraestructura en menos de seis meses supondría un enorme derroche de dinero público». Se estima que la instalación de cámaras y otras iniciativas rondó los 2,5 millones de euros. Los comerciantes han señalado que desde que entró en vigor, a finales del pasado año, sus ingresos se han reducido más de un 30%. En el comunicado, ecologistas, ciclistas y peatones señalan que la derogación del plan sería además contraria a políticas de movilidad desarrolladas en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga por lo que piden que se mantenga hasta hallar una solución alternativa y real a los problemas de saturación del tráfico.
