El nuevo Gobierno municipal sevillano, del PP, empieza a recoger parte de la «herencia» de sus antecesores en el poder. Así, el equipo de Juan Ignacio Zoido acaba de encontrarse un importante escollo financiero en la ya tristemente famosa obra del túnel de Bueno Monreal, proyecto de 5,8 millones de euros acogido a la financiación autonómica del Plan Proteja —cuyo plazo «extra» vence a final de este mes, por cierto— y en el que los problemas y la pésima gestión se han sucedido provocando un retraso de meses en la entrega. Ahora, además, el nuevo alcalde se ha topado con facturas relativas a este trabajo por valor de nada menos que 3 millones de euros de la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, que han sido rechazadas por el secretario municipal al haber detectado anomalías en las mismas. Se trata de facturas sobre canalizaciones que esta compañía pública ha enviado al Ayuntamiento y con las que el nuevo gabinete acaba de encontrarse. Tres millones de euros más en el alero y otro problema para la eterna obra que lleva a cabo Tecysu-Bruesa.
No es el del túnel de Bueno Monreal el único dinero que va a generar conflicto en los próximos días. Con el otro cruce subterráneo cuya obra se ha acometido con financiación del Plan Proteja de la Junta, el de Los Arcos, también va a tener quebraderos de cabeza el nuevo gobierno municipal, ya que se acaba de realizar una modificación presupuestaria de 800.000 euros que la empresa constructora (UTE Ferrovial-Detea) ha trasladado al Ayuntamiento recientemente y que debe abonarse para que los trabajos se rematen. Quizás eso pueda tener algo que ver con la frustrada inauguración de la semana pasada, paralizada a última hora, según el Ayuntamiento, por un trámite burocrático al no haberse «firmado un documento». Pues nada menos que 800.000 euros más.
Hay más, en este caso la obra de ampliación de Fibes, que ejecuta la propia empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, mediante una encomienda de gestión, y que no acaba de terminarse pese a que justo antes de la campaña Alfredo Sánchez Monteseirín montó una visita por el final de la «obra civil». Pues bien, la constructora que acomete este proyecto (UTE Heliopolo-Inabensa-Acciona) ha trasladado a Emvisesa certificados de obras por valor de 10 millones de euros que la empresa pública municipal no acepta al no estar de acuerdo con lo que se ha incluido en los mismos. Por ello, la constructora no avanza en los trabajos, de remate que están prácticamente parados. De esta forma, el complejo no se entrega al Ayuntamiento, al que se le multiplican las facturas pendientes cada vez que abre un cajón.
