Más sombras sobre el famoso «urbanismo social» de Monteseirín y su equipo. La Gerencia de Urbanismo no ha podido pagar los 2,4 millones de euros de la primera anualidad del parque de La Ranilla, que el Ayuntamiento construye en 27.000 metros de los terrenos de la antigua cárcel y cuyo coste total es de más de 5 millones. Esa deuda será otra de las que tendrá que asumir el nuevo Gobierno local sevillano. Así se recoge en el informe financiero realizado por los responsables anteriores de esta delegación, al que ha tenido acceso ABC, y que ha sido entregado al PP en el traspaso de poderes. Además de las tremendas deudas de más de 21 millones en facturas sin pagar, el documento refleja que hay «necesidad de buscar financiación para la anualidad de 2010 del proyecto de urbanización de zona verde en la parcela de la antigua prisión de La Ranilla, actualmente en ejecución, por importe de 2.449.863,59 euros».
Según había previsto Urbanismo, el dinero se tenía que haber transferido de la Delegación municipal de Hacienda, liderada hasta ahora por la socialista Nieves Hernández, pero ese traspaso del Presupuesto general del Ayuntamiento nunca se produjo, con lo que la Gerencia no ha podido abonar la cantidad pactada del año pasado a Copcisa. Esta constructora es la que se ha encargado también de levantar el centro cívico en la parcela del antiguo presidio, que aumentó de precio por problemas con las estructuras y fallos en el proyecto que hubo que solventar.
Nuevo lastre para el PP El informe de la Gerencia indica que hay que «buscar financiación» para pagar, pues no se transfirió dinero del Presupuesto general
D Con respecto al parque —del que se lleva ejecutado en torno al 60%—, cabe destacar que en su día se anunció que su coste era de 3,7 millones de euros, cuando fuentes municipales aseguran ahora que el precio está algo por encima de los 5 millones. Ese desfase no ha quedado explicado, pero llama la atención especialmente ya que cuando se anunció el inicio de las obras se destacó que Copcisa había resultado adjudicataria por reducir el presupuesto inicial un 25% y también el plazo de finalización. Con el dinero resulta difícil pensar que ha habido rebaja, pero lo que queda claro es que con el plazo para terminar el parque va a ser casi imposible que se produzca un recorte de plazos, ya que cuando se agote el dinero inicial con el que se ha tirado —algo más de un millón que aportaba al proyecto el Ministerio del Interior merced a un convenio urbanístico por la titularidad previa de los suelos— no podrá avanzar más la obra, que empezó en agosto del año pasado y que tiene un plazo de
ejecución de unos quince meses. Ya se inició tarde, pues se aseguró que estaría listo en 2010 y luego que «a principios de 2011», pero parece que se va a terminar fuera de plazo por falta de financiación que se refleja en ese informe económico de la Gerencia.
Éste será otro de los problemas financieros con los que se tendrá que enfrentar el nuevo equipo en Urbanismo, que estará liderado por Maximiliano Vílchez como concejal delegado y que tendrá que hacer frente, entre otras cuestiones, a una deuda acumulada de 21 millones por facturas impagadas.



