La Audiencia Nacional autorizó escuchas telefónicas a los sospechosos de la trama de la Sociedad General de Autores (SGAE) cuando la Fiscalía Anticorrupción, en marzo de 2010, presentó la denuncia por delitos societarios y apropiación indebida. Esos «pinchazos» telefónicos comenzaron un mes después, según fuentes de la investigación, y se prorrogaron posteriormente. A partir de ese momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudo sumar indicios a la información que habían estado recabando desde 2008.
La investigación ha puesto al descubierto que los detenidos utilizaban una doble contabilidad —caja A y caja B— para ocultar el presunto desvío de fondos hacia algunas de las sociedades de la trama y hacia cuentas particulares, cuyo embargo fue autorizado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, horas antes de producirse las detenciones y los registros. Además, los investigadores de la operación «Saga» han detectado que algunos de los implicados se valían de nombres «simulados» para llevar a cabo operaciones financieras irregulares.
Todo apunta a que la empresa Microgénesis —una de las principales contratistas de la SGAE— es el núcleo de la trama fraudulenta. José Rodríguez Neri, ex consejero delegado de esta sociedad anónima hasta 2003, es el actual director general de la SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editories). Controlada al cien por cien por la SGAE, se creó en el año 2000 para proteger los derechos de autor en internet. Desde entonces, Rodríguez Neri pertenece a la dirección de la SDAE, es decir, compatibilizó ambos cargos.
La sede social de Microgénesis, en el número 3 de la calle Marqués de Villamejor (Madrid), fue registrada el viernes por la Guardia Civil. En ella, tenían su domicilio social otras dos empresas vinculadas a Rodríguez Neri: Microgénesis Media S.L. y Res Cognita S.L., cuyo domicilio anterior era hasta febrero de 2008 la calle Abdón Terradas, 4, curiosamente la sede de la SDAE. En esa fecha cambió.
Las tres empresas —Microgénesis, Microgénesis Media y Res Cognita— se dedican a la consultoría y asesoramiento en nuevas tecnologías y, según la investigación, serían las receptoras de los fondos presuntamente desviados.
La Guardia Civil se llevó ayer documentos bancarios, facturas y soportes informáticos de esa sede.
Cuatro de los nueve detenidos forman o han formado parte de los consejos de administración de estas firmas. Junto a Rodríguez Neri, su esposa María Antonia García Pombo, su cuñada Eva García Pombo y Rafael Ramos Díaz. La esposa de este último, Elena Vázquez Serrano, y Celedonio Martín Mateos están, asimismo, vinculados a Microgénesis. El segundo como director financiero.
En los últimos años, algunos de los detenidos han rotado en distintos cargos de responsabilidad en Microgénesis S.A. Ramos Díaz ha ocupado los puestos de consejero, administrador, consejero delegado y administrador único. Y es, asimismo, administrador en las otras dos sociedades.
La Guardia Civil registró el viernes, además del Palacio de Longoria y otras sedes sociales, los domicilios particulares de los detenidos, incluido el del presidente, Eduardo «Teddy» Bautista. Dos de las dieciséis entradas tuvieron lugar en Caños de Meca (Cádiz),la casa de la playa de Rodríguez Neri y de su esposa, y en La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde pasa temporadas el matrimonio Ramos-Vázquez. La UCO se llevó documentación de ambos.
