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El fiasco de Bahía Competitiva

La concesión de ayudas millonarias a un empresario fantasma termina con el cese de un importante cargo del PSOE de Cádiz

El fiasco de Bahía Competitiva abc

j. m.

El Plan Bahía Competitiva de la Junta, que tenía como objetivo reindustrializar una provincia tan castigada por la fuga de empresas como Cádiz , ha terminado convirtiéndose en uno de esos escándalos en los que no falta nada: un empresario que desaparece sin dejar rastro, direcciones fiscales falsas en un restaurante, ayudas millonarias, técnicos de alertando de la situación que fueron desoídos por sus superiores políticos y la presencia de un socialista del «clan» de Alcalá de los Gazules, Antonio Perales , hermano del desaparecido Alfonso Perales y primo del ex consejero Luis Pizarro , al que el asunto le ha costado el cargo.

El caso, hasta la fecha, presenta dos vías, la concesión de ayudas a tres empresas y paralización de la urbanización de un polígono industrial en Alcalá de los Gazules. Ambas confluyen en un único empresario, el gallego Alejandro Dávila Ouviña , al que nadie localiza desde hace semanas y que se la «dio con queso», según reconoce este, al hasta hace poco gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales.

Los negocios nada claros de Dávila Ouviña salieron a la luz el pasado julio, cuando se publicó en el BOE el inicio de un procedimiento para el reintegro de 14,5 millones de euros en ayudas concedidas a tres empresas vinculadas a aquel, al constatar que ese dinero no se había invertido para el inicio de actividad. Las empresas son Cádiz Solar Center , Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía, que recibieron fondos en 2009 y 2010 del Programa de Ayudas para la Reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

Un restaurante de Zahara

Estas empresas no sólo no habían justificado los pagos recibidos sino que dos de ellas presentaban como direcciones fiscales falsas la de un restaurante de Zahara de los Atunes, lo que hizo saltar las alarmas en el Ministerio y reclamar lo pagado.

El responsable de que estas ayudas se concedieran a Dávila Ouviña, según denunció el PP, no es otro que Perales, el principal valedor del empresario gallego. Todo ello, a pesar de la oposición de los técnicos del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz.

Estos técnicos forman parte, junto a la Agencia IDEA de la Junta y el Plan Bahía Competitiva, de la comisión que evalúa la concesión de las ayudas y que eleva un dictamen al Ministerio de Industria, que es quien las otorga. Según el PP, desde IDEA se pidió a los técnicos del IEDT que cambiaran las puntuaciones establecidas para los proyectos y así poder beneficiar a algunos proyectos en Alcalá de los Gazules.

A ello hay que unir, mantienen los populares, que Perales también trató de influir en los técnicos para que mejorasen las valoraciones de las de las empresas de Dávila Ouviña y, de esta forma, estas pudieran acceder a las subvenciones. Sin embargo, los técnicos del IEDT se negaron y remitieron al Ministerio un escrito informando del peligro de conceder las ayudas a las tres empresas vinculadas con Dávila Ouviña. Ante estas denuncias, el PP de Cádiz anunció que enviaría a la Fiscalía la documentación sobre la baremación del plan, mientras que el presidente de la Diputación, José Loaiza , aseguró que «huele a corrupción» todo lo relacionado con las ayudas.

Se la dio con queso

La Junta negó cualquier tipo de responsabilidad en este asunto, que trasladó al Ministerio. A pesar de ello, decidió integrar el Plan Bahía Competitiva en IDEA, una medida que ha tratado de vender dentro de la reordenación del sector público. Sin embargo, esta reestructuración implicó el cese de Perales, aunque desde el PSOE se haya tratado, en vano, de desvincularlo del escándalo , que tiene su otro frente abierto en Alcalá de los Gazules.

Allí, el empresario compró hace dos años los terrenos del polígono La Palmosa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para su urbanización. Pero la actividad en el polígono cesó cuando Industria decidió en julio recuperar los 14,5 millones que concedió a las empresas de Dávila Ouviña. Ante esta situación, el alcalde de Alcalá de los Gazules, el popular Julio Toscano , contactó con la persona que llevó a esos inversores al municipio y prometió crear 500 puestos de trabajo, de nuevo, el exgerente de Bahía Competitiva.

Este le explicó que, pese a ser el valedor de la inversión, no era capaz de contactar con el empresario ni explicar por qué el proyecto se paralizó. «Perales ha reconocido que se la han dado con queso», comentó Toscano. El gerente ya cesado sigue sin reconocer su responsabilidad en este asunto y achaca el problema a que el Ministerio retiró la orden que obligaba a las empresas a presentar un aval si querían conseguir la ayuda y a que, según dijo, «me he creído la historia de un gallego».

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