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El Gobierno local subraya que «todos» los informes confirman «el fraude del plan»

Esgrime documentos de seis técnicos donde se indica que las cámaras funcionan, aunque se admite que no se multa

El Gobierno local subraya que «todos» los informes confirman «el fraude del plan» RAÚL DOBLADO

EDUARDO BARBA

El Gobierno municipal salió ayer al paso de las acusaciones de los socialistas recalcando que los informes posteriores al que le sirvió para derogar el Plan Centro «simplemente reafirman lo que dice el primero, que no se estaban poniendo sanciones desde marzo y que el tope de minutos para estar en el casco histórico no se estaba cumpliendo, con lo que se confirma que el plan era un fraude, de ahí que se derogara». Para el gabinete de Juan Ignacio Zoido, estos dos hechos justifican por sí solos la medida adoptada. Así, se recordó, además, que los documentos revelan que la falta de personal «obligó a limitar las multas sólo a los usuarios que permanecían en el centro histórico entre 75 y 200 minutos, y no 45 minutos como dijo el anterior gobierno».

Por otro lado, desde el Gobierno municipal se rechazó que haya existido ocultación de información, puesto que los nuevos informes «se pusieron a disposición de la oposición en el expediente en cuanto éstos fueron elaborados» y, además, se trasladó una nota a los medios de comunicación informando de la existencia de nuevos informes que en algunos puntos matizaban al primero pero que en lo básico reafirmaba que el plan era un fraude, puesto que todos coinciden en que no se estaban poniendo sanciones desde el mes de marzo. Todos los informes, todos, llevaron al Gobierno a calificar el plan de fraude. Todos».

El PSOE municipal sevillano y el Gobierno local se enzarzaron ayer en una batalla de informes en torno al Plan Centro, derogado por el Ayuntamiento en el pleno de julio por «ser un fraude». Esgrimía y esgrime el gabinete de Juan Ignacio Zoido que desde marzo se dejó de sancionar y el tope de minutos para entrar y salir del casco histórico pasó de 45 a 75, con lo que el dispositivo ya no servía de nada. Para sustentar su decisión, incluida en su programa electoral, expuso un informe del jefe del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, en el que se refería esa paralización de las sanciones. Pero el portavoz del PSOE, Juan Espadas, acusó ayer al Gobierno local de «manipular y ocultar información» por basarse en un «informe interesado» y no hacer públicos otros seis informes que, una vez derogado el plan, elaboraron otros tantos funcionarios por iniciativa propia y en los que, en algunos puntos, se contradice lo expuesto por el informe de Gutiérrez, «que no es un técnico

competente en el Plan Centro sino un funcionario enemistado con el Gobierno anterior que confeccionó un informe a medida, lo que es muy grave».

En los informes posteriores, elaborados por jefes de sección que sí formaban parte del dispositivo del Plan Centro, sí se incide en que el sistema de control de accesos al centro no se ha desconectado «en ningún momento» y en que su margen de error no superaría el 1%, aspectos. En otro se habla de un porcentaje de funcionamiento correcto de las cámaras del 97%, aspectos sobre los que el informe inicial y los argumentos del Gobierno no se han detenido. «Zoido tendrá que dar no pocas explicaciones sobre la información que se ha ocultado y manipulado de manera deliberada, de quién encargó el primer informe y de cómo se elaboró éste, si se saltó o no el protocolo de custodia de documentos el funcionario que lo realizó al llevarse los papeles y devolverlos dos días después».

En dichos informes, a los que ha tenido acceso este periódico, se coincide en que a partir de marzo se constata la imposibilidad de tener las bases de datos actualizadas, por una situación «cercana al colapso», e incluso de «emergencia», por lo que no se tramitan las sanciones. Ese es el motivo esgrimido por Zoido para derogar el Plan, con lo que en eso coinciden con el documento inicial de Gutiérrez. Eso sí, señalan que «no se ha producido desconexión del sistema instalado» y que éste «sigue tomando datos de los tránsitos, lee y detecta el paso de los vehículos por los puntos de entrada y salida».

Custodia de documentos

En otro de los posteriores se incide, de manera muy crítica, en que «el autor del informe inicial en el que se apoyó el Gobierno local «ha tenido acceso a los tres tomos del expediente sin seguir el cauce reglamentario, esto es, sin que esta Jefatura lo haya autorizado expresamente». Así, el jefe de servicio «no garantiza» que dicho expediente no haya sido «alterado», aunque inicialmente no se puede acreditar, ya que «el mismo estuvo en poder de esta persona del 20 de julio al 22 de julio sin que se pudiera ejercer la custodia necesaria de los mismos. Una vez comprobado el contenido de los tres tomos de dicho expediente, parece que no se ha alterado su contenido (añadiendo, suprimiendo o sustituyendo documentos) si bien no puede acreditarse lo anterior al no haberse seguido el cauce reglamentario establecido».

Tres de los informes aluden a que las deficiencias detectadas fueron puntuales y subsanadas en su día. el PSOE, además, hizo hincapié en otros de los aspectos recogidos que contradicen al informe del jefe del Centro de Control de Tráfico, como que «se despeja cualquier duda sobre el proceso de adjudicación que tuvo en todo momento como único adjudicatario a la empresa SICE». Además, se rechaza que haya existido modificación de presupuesto, con todas las certificaciones debidamente tramitadas y fiscalizadas, y se afirma que la recepción del sistema se produjo «según los trámites establecidos y con la presencia de la intervención municipal». Espadas, además, pregunta si «se han dado órdenes para que no se tramitasen las multas a partir del 11 de junio».

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