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Casi 2.000 familias perdieron este año sus viviendas por la crisis

Cerca de mil se quedaron sin su casa por impago de la hipoteca y 773 fueron desahuciadas por no abonar la renta

Casi 2.000 familias perdieron este año sus viviendas por la crisis

M . J. PEREIRA

La crisis continúa haciendo mella en las familias sevillanas y los desahucios no escapan a las estadísticas negras de la economía local, ya que casi 2.000 personas tuvieron que abandonar este año sus hogares por impago de las rentas de alquiler o de de la hipoteca. Según datos del decanato de los jueces de Sevilla, de enero a julio de 2011 los tribunales decidieron el desahucio de 773 personas por impago del alquiler de inmuebles, la mayoría viviendas. En ese mismo período, un total de 928 sevillanos perdieron su vivienda por no poder afrontar el pago de la hipoteca y, lo que es peor, en la mayoría de los casos continúan manteniendo una deuda con el banco después de subatarse sus casas.

Los datos de desahucios por impago del alquiler en los primeros siete meses de 2011 suponen una reducción del 17% respecto al mismo período de 2010 , lo que puede revelar que las familias están teniendo menos dificultades para pagar el arrendamiento de viviviendas, locales y oficinas. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, continúan su tendencia alcista, aunque ya con incrementos menores que otros meses. En los primeros siete meses de 2011 se produjeron 928 ejecuciones por impago de la hipoteca, un 4% más que en el mismo período del año anterior.

Evolución positiva Descienden este año un 17% los desahucios de arrendatarios y aumentan sólo un 4% las ejecuciones hipotecarias

Dación en pago Facua pide modificar la Ley Hipotecaria para que se pueda entregar la casa al banco como dación en pago de la hipoteca

Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, se lamentó del drama que viven muchos sevillanos cuando los tribunales decretan la ejecución de la hipoteca por impago de la misma y después de abandonar sus hogares siguen debiendo dinero a los bancos y cajas de ahorros porque el precio de sus viviendas estaban inflados con el boom inmobiliario y el dinero obtenido en la subasta no permite el pago de todo el crédito hipotecario. Por esa razón, Facua reclama al Gobierno central una urgente modificación de la Ley Hipotecaria para que los bancos acepten la vivienda como dación en pago, tal y como ocurre en EE.UU.

«Existen sentencias contradictorias sobre la dación en pago. Unas sentencias dicen que sí se pueden entregar las viviendas como dación en pago a pesar de que la Ley Hipotecaria no lo contempla. Otras sentencias, sin embargo, rechazan esa posibilidad. Lo cierto es que hasta ahora no ha habido ninguna sentencia del Tribunal Supremo al respecto», añadió el portavoz de Facua, quien critica que «tanto PSOE como PP no estén por la labor de cambiar la Ley Hipotecaria». Hasta ahora, la patronal de banca (AEB) ha advertido al Gobierno central que la dación en pago elevaría sustancialmente el precio de los créditos y les obligaría a pedir más garantías en la concesión de cada hipoteca, lo que inevitablemente reduciría la concesión de algunas. Previamente, tanto PSOE como PP rechazaron una iniciativa en el Congreso para aprobar esta posibilidad.

Muchos bancos no aceptan la dación en pago pero si dilatan la denuncia del impago de la hipoteca ofreciendo a sus clientes una renovación del crédito con ampliación del tiempo de pago. De esa manera, las familias no pierden la casa -aunque siguen igual o más hipotecadas, ya que la novación de una hipoteca supone un coste adicional- y además no tienen que provisonar en sus balances esas posibles pérdidas, lo que lastraría sus resultados económicos en los tes de estrés.

Algunas familias sevillanas solicitan en el Juzgado Mecantil el concurso de acreedores con el fin de evitar la subasta de sus casas, cuando en realidad la Ley Concursal sólo detiene un año el embargo de una vivienda siempre y cuando esté ligada a una actividad empresarial o profesional. Si no está ligada a una actividad empresarial, la ejecución hipotecaria prosigue a pesar de la declaración del concurso de acreedores.

En 2010, 32 familias sevillanas se declararon insolventes con la idea de paralizar la ejecuciones hipotecarias. Algunas de ellas desistieron al saber que la Ley Concursal no frenaría el embargo de su vivienda. Aunque la propia normativa no contempla esa posiblidad, los jueces hacen la vista gorda y suelen dar carpetazo a esos expedientes porque están colapsados.

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