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El fraude de los discapacitados en Empleo es «la punta del iceberg»

CC.OO. sostiene que la empresa investigada recibió un millón de euros de la Junta

El fraude de los discapacitados en Empleo es «la punta del iceberg» RAMÓN L. PÉREZ

J. LÓPEZ

Un millón de euros defraudó la empresa de telemárkentig que recibió subvenciones públicas de la Junta de Andalucía a cambio de contratar para sus centros especiales a personas con discapacidad. La estimación del fraude es de Comisiones Obreras de Granada, que ayer aseguró que la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía a instancia del sindicato abarca por ahora únicamente a «la punta de iceberg» del entramado presuntamente delictivo. Según la central sindical hay más de 200 personas afectadas .

El secretario provincial de CC OO en Granada, Ricardo Flores, desgranó el modo de operar de la empresa, radicada socialmente en Jaén y con ramificaciones sin actividad en Granada y Málaga. La firma investigada contrataba a trabajadores discapacitados para obtener así las ayudas económicas establecidas por la administración autonómica. La empresa percibía las subvenciones, pero antes de que concluyera el periodo de pruebas despedía al personal contratado sin pagarle el salario.

La denuncia de CC.OO. que ha destapado el escándalo se sustentó en el presunto incumplimiento del estatuto de los trabajadores , toda vez que, según indicó el asesor jurídico del sindicato, Amador Torres, la empresa abusaba sistemáticamente de la figura del periodo de pruebas. Así lo acreditan cinco sentencias derivadas de otras tantas denuncias de trabajadores que no habían cobrado las nóminas, a pesar de que sus sueldos están subvencionados en un 75% por la Junta de Andalucía.

El sindicato entiende que el dinero se lo quedaba la empresa , a pesar de lo cual el responsable de la misma, en lo que CC.OO. califica como una huida hacia adelante, denunció a la administración autonómica por no transferirle determinadas ayudas, lo que le sirvió de excusa para justificar el impago a los trabajadores. Al respecto, Torres puntualizó que los centros especiales de empleo no subsisten apuntalados por la ayuda pública sino que están obligados a financiarse con recursos propios obtenidos en su actividad mercantil.

CC.OO. señaló que la empresa, aunque es de ventas por teléfono, carecía al principio de terminales y no disponía de sillas para todos los trabajadores ni base de datos de los clientes.

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