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Día 20/09/2011
El paquete mayoritario de acciones del Real Betis, durante años en poder de la sociedad Farusa, a su vez controlada por Manuel Ruiz de Lopera, está actualmente dividido, ya que una parte del mismo está «limpia» y otra (el 30% del capital social, aproximadamente) está sujeta a una investigación por cuanto Mercedes Alaya, la juez instructora de la causa por la que ha imputado a Lopera un presunto delito societario en la gestión del Betis, considera que dichas acciones pudieron no ser debidamente pagadas en su adquisición y, por lo tanto, nunca deberían haber estado bajo el control del ex consejero delegado del club.
En su momento, la juez suspendió la venta de todas las acciones de Farusa a Bitton Sport (Luis Oliver) «para evitar la continuidad de un posible delito». Cuando la defensa preguntó a qué delito se refería, la respuesta, según los abogados de Lopera, fue que esa venta podría ser fraudulenta y que Oliver podría ser un testaferro del propio Lopera, tesis o sospecha que habría sido respaldada posteriormente por la Audiencia de Sevilla. Llegados a este punto, los letrados contratados por Ruiz de Lopera solicitaron que se investigara la procedencia del dinero con el que Luis Oliver había empezado a pagar la compra de las acciones de Farusa con tal de que se pudiera aclarar si efectivamente el navarro estaba actuando como testaferro, pero Mercedes Alaya desestimó esta petición, que fue elevada posteriormente a la Audiencia.
Toda vez que ésta, a través de la Sección Primera, resolvió en julio que dicha investigación no era necesaria porque la posible calidad de testaferro de Oliver no era el motivo de la suspensión de la compra-venta, los abogados del ex máximo dirigente bético han solicitado a la juez Alaya, a través de un escrito al que accedió la agencia Efe, que levante el embargo que pesa sobre las acciones «limpias» o no discutidas de Farusa —más o menos un veinte por ciento del capital social— para que Lopera pueda traspasarlas si así lo desea, o bien que se les explique por parte de la magistrada las razones por las que dicho embargo se mantiene, una vez que no se sostiene que la venta a Oliver fuera una operación ficticia.
