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Viera ayudó con el «fondo de reptiles» a otra empresa donde trabajó su hija

El IFA, presidido por él, dio 90.000 euros en 2003 a Sevilla Siglo XXI, donde Sonia Viera estuvo contratada 4 meses antes

ANTONIO R. VEGA

ANTONIO R. VEGA

Las coincidencias se multiplican. Ya no es una sino dos las empresas a las que estuvo vinculada laboralmente Sonia Viera Rodríguez que resultaron beneficiadas con ayudas sociolaborales procedentes de la polémica partida 31L durante la etapa en que su padre, José Antonio Viera, estuvo al frente de la Consejería de Empleo (2000/2004).

El antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cuyo consejo rector estaba presidido por él, concedió en marzo de 2003 una subvención de 90.000 euros a Sevilla Siglo XXI SA. Según ha podido saber ABC, la hija del exconsejero de la Junta estuvo trabajando para la empresa de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, tan sólo cuatro meses antes de que el organismo que canalizaba las ayudas del «fondo de reptiles» aprobara librar los 90.000 euros para «el impulso de micropolígonos en pueblos», según un informe de la Secretaría General Técnica de Empleo. No obstante, otras fuentes de la Consejería aseguran que el dinero se empleó en realidad en financiar una feria organizada por la empresa pública.

Meses después, en julio de 2003 y enero de 2004, como informó ABC el pasado abril, el IFA, de nuevo con Viera como responsable máximo, destinó otros dos incentivos de 450.759 euros cada uno del polémico programa 31L a otra firma privada, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL, cuando Sonia Viera Rodríguez trabajaba en ella.

La primogénita del parlamentario andaluz, senador y secretario general del PSOE de Sevilla estuvo contratada para la sociedad de la Corporación provincial hasta el 1 de diciembre de 2002. Entre 1997 y 2002, la hija del secretario general del PSOE de Sevilla y candidato número dos al Congreso por esta provincia en las próximas elecciones generales encadenó hasta cuatro contratos eventuales con la sociedad pública, que la mantuvo en nómina durante más de tres años de manera discontinua.

Desde 1997 a 2002 Su hija encadenó hasta cuatro contratos con la empresa de la Diputación sevillana antes de que el IFA aprobara la ayuda

Sevilla Siglo XXI no pasaría de ser una firma más de las que recibieron fondos para rescatar empresas en crisis y pagar prejubilaciones si no fuera por este detalle que cobra especial relevancia después de que el PP haya pedido esta semana a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares, que investigue la «trama Viera». Esta sociedad instrumental de la Diputación en julio de 2006 cambió su denominación por la de Prodetur SA tras la fusión de la primera con Turismo de la Provincia.

Viera no se pronuncia

ABC trató ayer de recabar la versión de José Antonio Viera sobre esta información, pero rehusó pronunciarse. Desde su equipo en el PSOE de Sevilla se remitieron a una rueda de prensa que planea ofrecer al final de esta semana para preguntarle, después de que el PP haya remitido a la juez Mercedes Alaya documentación sobre las ayudas «avaladas» por él cuando estaba al frente del IFA para empresas de la Sierra Norte y ayuntamientos gobernados por el PSOE.

La relación contractual de Sonia Viera Rodríguez con la empresa de la Diputación, enfocada a la promoción turística, arranca en septiembre de 1997, cuando firmó el primer contrato, que expiró en junio de 1998. Tras un parón que coincidió con los meses de verano, la sociedad volvió a contratarla hasta el 31 de diciembre de 1999. Tres días después de vencer su segundo contrato, en enero de 2000, reanudó su relación laboral con la firma, que se prolongó durante un año más. El cuarto y último contrato concluyó el 1 de diciembre de 2002. Cuatro meses después, el IFA acordó darle la subvención.

Con posterioridad, Sonia Viera se dio de alta como autónoma hasta que el 4 de abril de 2003 el exedil y exsecretario del PSOE en El Pedroso la «fichó» como relaciones públicas para su firma Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI. Este municipio de la Sierra Norte de Sevilla, de 2.200 habitantes, se ha convertido a su pesar en el epicentro de la trama de los ERE falsos. Es el pueblo natal de uno de los principales actores que aparece en el caso, el director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, desde 1999 a 2008, y de muchos de los prejubilados que tenían relación con él y accedieron a una ayuda sociolaboral al ser incluidos en ERE, pagados por la Junta, de empresas donde nunca habían trabajado.

Nuevo procedimiento

Viera auspició en enero de 2003 una modificación del reglamento del Instituto de Fomento de Andalucía que le permitió ocupar la presidencia del consejo. No obstante, el exconsejero de Empleo ha defendido que las polémicas ayudas excepcionales a empresas y ayuntamientos del PSOE no las firmaba ni autorizaba él, función que estaba delegada en Guerrero, quien declaró a El País que el dinero se gastó en «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas».

Viera fue el encargado en 2001 de firmar un convenio con el IFA para que las subvenciones se tramitaran a través de este ente. La fórmula, que canalizó hasta 647 millones de euros, fue cuestionada por la Policía, que esgrimió que al convertir al IFA en pagador se evitaban los controles, como también puso de manifiesto la Intervención General de Hacienda entre 2005 y 2007. Viera afirmó en febrero que se hizo «para agilizar las ayudas y hacer más operativa la relación entre la Consejería y los trabajadores».

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