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Día 30/09/2011
El ruido de los «cachorros», un quinto de cartucho de dinamita, volvió a sonar en Bolivia. Los mineros, fuerza histórica del país andino, se unieron a las movilizaciones contra el Gobierno de Evo Morales. El presidente, antaño sindicalista revolucionario, conoce la música del estallido en las manifestaciones de protesta. Y la que escuchó durante la huelga general le sonaba más a funeral que a baile regional.
Morales tomó buena nota y puso letra a unos acordes que ponen en duda su fortaleza política. La brutal represión policial a un campamento indígena el domingo pasado le está pasando una factura más alta que la que había previsto. En busca de un descuento y de credibilidad ante una población que sigue manifestando su desconfianza en las calles, el presidente salió a pedir perdón. «Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas (de la represión del domingo) que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan que no hubo ninguna instrucción (de arrasar el campamento)».
«El único apoyo de las organizaciones sociales que le queda al Gobierno es el de los cocaleros. Cada día que pasa está más solo», observa la historiadora Ximena Costa. La obsesión de Morales por quedar al margen de una decisión de la que él fue responsable político no parece dar los resultados que esperaba. Buena parte de la opinión pública está convencida de que estaba detrás de una operación que ninguno de sus ministros y funcionarios asume. Los indicios de reuniones de Gabinete, viajes de inspección de ministros a la zona de conflicto, así como una orden de la ministra de Justicia, Nilda Copa, en la que pedía «la intervención de la fuerza pública en caso necesario», ponen en duda el discurso oficial.
Entretanto, el destacamento antidisturbios que ejecutó las órdenes y que quedó prácticamente aislado denuncia: «Nosotros fuimos el músculo, pero el cerebro está en La Paz».
