Los negros ataúdes y disfraces cadavéricos que desfilaron ayer por las calles de Sevilla como atrezzo de la manifestación secundada por miles de trabajadores municipales resume de forma muy gráfica la situación terminal de las arcas en multitud de ayuntamientos andaluces. Al borde mismo de la bancarrota. Algunos alcaldes nada más tomar la vara de mando se han encontrado con una herencia envenenada de recibos vencidos, deudas astronómicas y cuentas de imposible cuadratura que, en muchos casos, han obligado a bloquear nóminas del personal, apagar farolas y aplazar inversiones «sine die».
En medio de la convulsión de la crisis, alrededor de 10.000 empleados públicos convocados por UGT y Comisiones Obreras secundaron una marcha para defender que la masa laboral de las corporaciones se quede al margen de los recortes. Ambos sindicatos ya anticiparon que habría un «otoño caliente» en vísperas de las elecciones generales del 20-N.
Los funcionarios y personal laboral no quieren ser los paganos de la asfixia municipal. Según denunció el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, los culpables «son los manirrotos que han ejercido irresponsablemente la gestión de los servicios públicos con una sola intención, la de hacer negocio». Lacuerda se refirió a los ajustes anunciados en comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o Valencia, pero no hubo ninguna referencia a otros recortes, como los que, de manera soterrada, se están produciendo en Andalucía.
Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, también terció en el debate sobre las diputaciones provinciales abierto por representes del Gobierno central asegurando que «de ninguna manera» apoya «la teoría de que tienen que desaparecer», al tiempo que justificó la protesta de los empleados públicos en defensa de la educación, la sanidad y los servicios sociales.
El secretario general de CC.OO. en Andalucía, Francisco Carbonero, cargó contra medidas de recorte presupuestario que están aplicando PSOE y PP en ayuntamientos andaluces.
A lo largo del recorrido de la marcha, que partió del Palacio de San Telmo (sede del presidente de la Junta de Andalucía) y concluyó a las puertas del Ayuntamiento hispalense, los manifestantes hicieron sonar silbatos y escenificaron el «entierro» de servicios básicos como las ayudas a personas dependientes.
