Se quejó de que en la Tesorería ni siquiera recibieron al guardia civil enviado a por los papeles de los ERE
Día 04/10/2011
Mercedes Alaya, la juez de instrucción número seis encargada de la investigación sobre la trama de ERE supuestamente fraudulentos, mostró la pasada semana su indignación por la falta de colaboración de la Seguridad Social con las pesquisas que lleva a cabo.
Según ha podido saber ABC, la queja se produjo el pasado jueves cuando, tras terminar las declaraciones de varios imputados, decidió convocar a los letrados que estaban presentes en el juzgado para expresarles su indignación por el hecho de que en la Tesorería General de la Seguridad Social no hubieran accedido ni siquiera a recibir al miembro de la Guardia Civil que había acudido a por documentos. Seguramente los papeles que la instructora había reclamado a laTesorería de la Seguridad Social hace poco para comprobar la prestación de servicios de trabajadores que fueron beneficiarios de ERE.
Sin embargo, según explicaron fuentes judiciales, la magistrada les expuso que acaba de recibir una llamada de teléfono del capitán de la Guardia Civil que había ido «en persona» a la Tesorería General después de que hubiera librado oficio sobre varias peticiones de documentos requeridos por Alaya. Pero, el representante de la Benemérita ni siquiera fue recibido por nadie en la Seguridad Social, donde únicamente le explicaron que no habían recibido ese oficio. Ante esta situación, la juez Alaya comunicó a los abogados personados en la causa (en ese momento quedaban pocos puesto que las comparecencias se alargaron hasta entrada la tarde) su «indignación» por el hecho de que el capitán de la Guardia Civil no hubiera sido recibido y por la «falta de colaboración» de la Seguridad Social.
Falta de colaboración Alaya pidió hace unos días que no se entorpeciera el trabajo de la Guardia Civil con la que el Gobierno no ha colaborado
No es la primera vez que la magistrada se queja de esa falta de colaboración de las administraciones a las que ha recabado documentos pero sí parece ser la primera vez que se enfrenta al Gobierno central, del que depende el Ministerio de Trabajo e Inmigración que tiene las competencias sobre la Seguridad Social.
Y eso que hace sólo unas semanas pedía encarecidamente a las partes personadas en el procedimiento que no «entorpecieran» la labor de la Guardia Civil y no hicieran más peticiones para que la Unidad Operativa Central, en la que cayo el caso después de que Alaya decidiera relevar a la Policía Judicial, pudiera estudiar detalladamente los expedientes.
La magistrada también pidió incluso auxilio a la Seguridad Social en la investigación, aunque no aceptó la petición de personación en la causa realizada por la propia Tesorería de la Seguridad Social que alegaba para estar presente que ello hubiera permitido «una colaboración más rápida y fructífera».
En cualquier caso, este no es el único obstáculo que se encuentra la instructora. El más sonoro es la batalla que ha mantenido durante meses con la propia Junta de Andalucía tras la negativa de ésta a entregar las actas de los Consejo de Gobierno desde el año 2001. El conflicto fue resuelto hace unos días por el Tribunal Supremo, cuyo tribunal de conflictos determinó que Alaya era competentes para acceder a esos documentos que eran públicos. Y provocó que la pasada semana el Ejecutivo andaluz tuviera que enviar las actas al juzgado. Ahora las partes personadas esperan el próximo movimiento de la juez que podría ser un auto citando a nuevos imputados tras haber terminado las declaraciones de una tanda de intrusos.
