El auto de la juez Alaya no sólo extiende las sospechas a todo el Ejecutivo andaluz sino que ordena a la Guardia Civil una nueva línea de investigación sobre las empresas vinculadas al que fuera alcalde de El Pedroso, localidad de la Sierra Norte de Sevilla a la que está estrechamente vinculado el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera. La nueva investigación se centra en las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo, hijo del que fuera alcalde, Rafael Rosendo, y su entonces persona de confianza, José María Sayago.
Se trata de un conglomerado de empresas que recibieron un total de 13.757.483 euros y que son sospechosas porque, según el auto, se hicieron sin procedimiento de control de gasto, y del destino de las cantidades aplicadas. «La concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas realizadas a través de las transferencias de financiación obliga a investigarlo», dice la juez que, para ello, pide auxilio jurisdiccional a la Agencia Tributaria.
Según el relato de la juez, la «trayectoria empresarial» de José Enrique Rosendo se inició cuando es nombrado vicepresidente y consejero delegado en la empresa «Sociedad Desarrollo Local El Pedroso S.L.», constituida en 1996 y en la que el socio mayoritario era el Ayuntamiento de esta localidad sevillana siendo entonces alcalde su padre. Éste decidió designar a su hijo para que estuviera al frente de la citada entidad que recibió dos ayudas, el 7 de noviembre de 2001 y el 14 de octubre de 2003, de 450.759 euros. A partir de entonces Rosendo inició una importante carrera empresarial que seguiría con varias entidades: La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte, Tierra Virgen de Alimentación, Construcciones y Urbanismo Sierra Norte. Arcadia Emprendedora, Matadero Sierra Morena, MSM Montanera de Jabugo, Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, S.L., Al Ballut Dehesas de Calidad, Corral del Conde de Sierra Morena, Restaurantes Andaluces de Calidad y Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrrollo Económico. Las diez empresas, en las que siempre aparecen él o su socio, recibieron ayudas millonarias en los años 2003 y 2004.
Por ello la juez también pregunta si a las empresas de Rosendo y Sayago se les ha concedido alguna otra ayuda por la Consejería de Empleo que aún no haya sido abonada. Y también si ha habido otras consejerías que les hayan dado ayudas o subvenciones. Igualmente quiere saber si hay otra empresa que, de manera significativa haya recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías.
Pero, además de la Sierra Norte sevillana, la juez Alaya también solicita en su nuevo auto más datos sobre otras empresas. Entre ellas solicita detalle de todas las ayudas que recibió González Byass, empresa en la que trabajó el ex consejero de la Junta, Antonio Fernández, que está imputado en la causa. Sobre esa empresa, la juez Alaya quiere todo el protocolo de colaboración que se firmó con esta empresa e incluso la identidad de las personas que redactaron el mismo. Y todos los detalles de la póliza de más de 83 millones de euros que concedieron a la Asociación de Antiguos Trabajadores de esa empresa.
También pide a la Consejería de Empleo el protocolo de las ayudas concedidas la Asociación de Prejubilados de Graficromo desde 2006 y que fueron efectuadas por el IFA. Y también el detalle de todos los pagos efectuados a la asociación de la citada empresa que fue presidida por Manuel Pimentel.
Otras empresas sobre las que también se interesa es por las ayudas dadas a Surcolor, la del Grupo Dhull, en la que aparece el intermediario Juan Lanzas y Juan Márquez Contreras o Manufacturas del Corcho. Igualmente se requiere documentación sobre las cantidades recibidas por otras empresas: Instaladora Moderna de Electricidad, Aglomerados Morell, la empresa de Zoilo Ruiz Mateos. Bodegas Sandeman, la empresa Río Grande Sevilla, Novoc Comlink España o la Asociación 3 de Julio (Acyco) son otras por las que se interesa la juez Alaya.
La juez pide a la Junta de Andalucía que le diga las funciones y cargos que ostentaban María José Rofa y Rocío Sayago (al parecer la primera técnico de Empleo y la segunda secretaria del que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero). Lo pregunta porque aparecen como remitentes o destinatarias de correos electrónicos que están unidos al sumario.
La jueza Alaya también ha pedido en su auto los contratos de asesoramiento que la Junta de Andalucía hizo con varios despachos de abogados. Entre ellos Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Alpha Corporate y Bufete Olivencia Ballester.
