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La batalla judicial no ha acabado

El statu quo del Betis no es indefinido, las medidas son cautelares; la dilación del proceso por los recursos de la defensa y la Fiscalía es evidente, el segundo informe pericial está al caer y la instrucción finalizaría entonces

La batalla judicial no ha acabado millán herce

mateo gonzález

Una creencia errónea se ha instalado en el beticismo a raíz de la entrada del nuevo consejo del 13 de diciembre de 2010 liderado por Rafael Gordillo y José Antonio Bosch y que se asentó con la ratificación de las medidas cautelares por parte de la Audiencia a finales de enero de este año que alejaban a Manuel Ruiz de Lopera del mando del Betis durante un tiempo prudencial, pero provisional. No es otra que pensar que «todo está hecho», cuando hay demasiada tela por cortar en una batalla judicial que tiene dos partes bien señaladas: la instrucción y el ya inevitable juicio. La primera, la investigación de la juez Mercedes Alaya , va por «el minuto 70 de partido», según fuentes jurídicas. Resta el muy esperado segundo informe pericial y la toma de declaración de varios testigos y/o imputados. Traducido en tiempo: no menos de tres o cuatro meses. Luego el caso se trasladaría a la Audiencia, la cual, por la gravedad de los hechos que se manejan, se encargaría de juzgar el caso. Entonces sí se revisaría la conveniencia de mantener las medidas cautelares , ya sin Alaya en el proceso, y se abrirá un capítulo que será realmente largo y provocará ríos de tinta.

La relajación con la que el entorno ha vivido el statu quo del Betis con su nuevo consejo ya libre de Manuel Ruiz de Lopera y de dudosos sucesores como Luis Oliver ha llevado a una falta de atención mediática hacia este caso —en algunos casos, intencionada— que sigue sus pasos lentos pero firmes, sobre todo gracias al inestimable empeño de las plataformas Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos , con Manolo Serrano, Cayetano García de la Borbolla y Adolfo Cuéllar a la cabeza, respectivamente. Alaya ha visto indicios de delito societario continuado y de apropiación indebida en la gestión del Betis por parte de Lopera desde 1993, ya que aunque el primer informe pericial apuntó sus dudas sobre el proceso de adquisición de acciones en junio de 1992, la titularidad de las mismas no se discute en este procedimiento —la Audiencia lo excluyó en su auto de marzo del año pasado—, aunque se sigue preparando la demanda civil por la que estas tres plataformas buscan la democratización de algo más del 30 por ciento del 51,34 de las acciones del Betis propiedad de Farusa que hoy dan el poder del club a quien tenga sus derechos políticos, en este caso el administrador judicial, José Antonio Bosch.

La instrucción ha alcanzado un retraso que puede tener sus consecuencias. Éste está motivado por la ingente carga de trabajo que tiene el Juzgado de Instrucción número 6 del que es titular Alaya, principalmente por el caso Mercasevilla y su extensión a los ERE fraudulentos tan en boga hoy en día, además de por la montaña de recursos y alegaciones que ha presentado el bufete Montero-Aramburu en nombre del exconsejero delegado del Betis en el marco de su defensa . Todo ello, unido a la inevitable lentitud de la Justicia, puede derivar en el atenuante de dilación indebida de los procedimientos penales, puede, incluso, provocar una rebaja final en la pena que le sería impuesta a Lopera en el caso de ser culpable.

En este sentido, la actitud de la Fiscalía de Sevilla también supone una ventaja para el investigado Lopera. Fue este ministerio el que inició el proceso en marzo de 2008 a instancias de una denuncia de Béticos por el Villamarín pero su postura ha ido derivando en una adhesión recurrente a los postulados de la defensa, cuando en este proceso la víctima reconocida es el Betis. El primer desencuentro entre instructora y fiscal llegó con la ampliación del periodo de investigación de cinco a diez años y posteriormente hasta el 93 que efectuó la juez, mientras que continuó con la divergencia acerca de quién tenía que hacer la pericial si independientes o funcionarios de la administración y se asentó con la oposición de la Fiscalía a la adopción de las medidas cautelares en el verano de 2010. Desde entonces ha avalado todos los movimientos de los abogados de Lopera con una extraordinaria vehemencia, incluido el publicado estos días con respecto a la solicitud del alzamiento de las medidas cautelares , algo que reclamó hace un par de meses pero que ha tenido trascendencia ahora y que la Audiencia ha rebatido en un contundente escrito en el que ratificaba la conveniencia de la figura del administrador ya que las circunstancias objetivas no han sufrido variación alguna.

También las trabas que se están encontrando los peritos judiciales encargados del segundo informe, ya que tanto defensa como Fiscalía han pedido sucesivas rectificaciones y ampliaciones (como la revisión de los gastos «innecesarios» que se imputan, el hecho más reciente) que están retrasando este paso clave en el que la actitud de los abogados de Lopera de desacreditar profesionalmente a los peritos de la Agencia Tributaria les ha llevado hasta a imputarles delitos en el ejercicio de su labor . Es parte de una estrategia de contraataque que también afecta a la juez Alaya, que ha solicitado el auxilio del Consejo General del Poder Judicial para evitar que se presione y se trate de influir en el proceder de los citados peritos.

En todos los escenarios lo que menos probabilidad tiene de suceder es un hipotético regreso de Lopera al Betis. Primero porque se supone que prevalecería la venta de acciones a Oliver, ahora suspendida, y cuyo fondo, así como la gestión del navarro, se está investigando en una pieza separada del procedimiento penal que está abierta y de cuyo hilo se puede tirar hasta consecuencias insospechadas. Además, la demanda civil en la que se reclamará la nulidad de la adquisición de acciones por parte de Lopera a través de Farusa en junio de 1992 está cerca de ser presentada y abrirá una vía decisiva para el mapa accionarial de una entidad que trata de vivir al margen de la instrucción y movimientos judiciales aunque sus gestores sí son conscientes de la provisionalidad de sus cargos.

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