Zoido busca liquidez con la venta de Gavidia y la sede de la calle Pajaritos
El Gobierno municipal modificará el PGOU para dar uso privado a ambos edificios públicos
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla acordó ayer ordenar a la Gerencia de Urbanismo el inicio de los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y descalificar como edificios de interés público y social la antigua comisaría de la Gavidia y la sede del registro municipal de la calle Pajaritos, ambos en el centro de la ciudad, para su venta.
La medida se justifica, según el informe presentado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, por «la situación económica-financiera por la que atraviesa esta Corporación, que se ha visto agravada por la situación de crisis económica general» y para «poder atender las obligaciones contraídas y las que se prevén contraer por la Hacienda Local». La falta de liquidez requiere de «ingresos extraordinarios», que el Gobierno municipal espera captar mediante la enajenación a privados de estos edificios del patrimonio del Ayuntamiento.
La venta de la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia ya fue planteada por la anterior Corporación, que incluso incluyó de forma ficticia en los dos últimos presupuestos los ingresos estimados por su venta. En un principio el anterior gobierno municipal se planteó compartir usos público-privados en el inmueble pero nadie se interesó. Incluso llegó a negociar con una firma internacional de moda (Primark) la enajenación total del edificio a cambio de una cantidad más la aportación al Ayuntamiento de otro inmueble en el centro de la ciudad para destinarlo a uso público. Nada prosperó. Ahora, el Gobierno que preside Juan Ignacio Zoido opta por la modificación del PGOU para desclasificar el edificio y otorgarle uso comercial.
No es el único impedimento que habrá de sortear el Gobierno municipal en su pretensión pues también tendrá que eliminar cualquier cautela de protección que tenga el edificio, catalogado como muestra del racionalismo arquitectónico. Y es que la obligación de mantener su estructura, como antaño se planteó, sería un importante lastre para la operación inmobiliaria, teniendo en cuenta que la sede de la Jefatura fue desalojada en 2003 por su estado ruinoso, que desde entonces sigue abandonado y que se diseñó para uso administrativo y no para albergar un gran almacén.
Un mal negocio
La nueva estrategia del Gobierno municipal, acuciado por la falta de fondos en las arcas del Ayuntamiento, pondría fin a uno de los peores negocios gestionados por la ciudad en los últimos años. Y es que el Ayuntamiento compró en 2005 a otra administración pública, el Ministerio de Interior, el ruinoso inmueble por algo más de 12 millones de euros, de los que casi 10 fueron aportados en metálico por el Consistorio, que compensó el resto con la aportación de suelo para la futura construcción de cinco comisarías en la ciudad. El acuerdo suscrito por el alcalde Sánchez Monteseirín y el entonces ministro José Antonio Alonso, no incluyó ninguna cláusula que fijara plazos para la ejecución de las cinco comisarías. Siete años después de aquel acuerdo el Estado sólo ha construido dos.
La negociación había comenzado en 2002, con el primer Gobierno de Monteseirín en alianza con los andalucistas. Entonces Hacienda calculaba el valor de la finca entre 2,5 y 17 millones de euros (si se le hubiera otorgado uso comercial en el PGOU que entonces estaba en revisión). El Ayuntamiento ofrecía sólo 1,5 millones.
En 2010, con el edificio en ruinas, como refugio de vagabundos y tapado con lonas en pleno centro de la ciudad y la crisis inmobiliaria en su apogeo, la previsión más optimista del Gobierno municipal era ingresar con su venta 14 millones de euros.
A la operación de la Gavidia se suma ahora la venta del edificio de la calle Pajaritos que alberga el Registro y dependencias de Personal de Ayuntamiento, que perdería su condición pública para su futuro uso comercial o residencial.
La enajenación de edificios municipales necesitará de un plan de reordenación de sedes administrativas del Ayuntamiento ya que inicialmente se planteó la Gavidia como destino de las oficinas de la Recaudación, actualmente ubicadas en el edificio de la Encarnación que fue enajenado por el anterior Gobierno municipal para financiar parte del proyecto Metropol Parasol.
Debido a la imposibilidad de reubicar este servicio, el Ayuntamiento sigue pagando a la constructora Sacyr concesionaria de Metropol un alquiler mensual de 60.000 euros al mes, por el uso del edificio que fue de propiedad municipal. La operación no parece muy en línea con las medidas de austeridad anunciadas por el alcalde ni con la lamentable situación de las arcas municipales que ahora le obligan a vender edificios públicos.
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