El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación contra la venta en subasta allá por el año 1997 de una de las parcelas de Tablada por parte del Ministerio de Defensa y ha señalado que en aquella operación no hubo vulneración del ordenamiento jurídico ni de las leyes de Patrimonio ni de Costa.
La sentencia del Supremo, según recoge E.P., desestima el recurso promovido contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2005 que a su vez había desestimado un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del Ministerio de Defensa que en 1997 formalizaron y confirmaron la enajenación mediante subasta pública de la parcela tres de la base aérea de Tablada, cuya posesión ostenta actualmente la agrupación de interés económico «Tablada Híspalis» dentro de un lote de 367,4 hectáreas que ocupaban las antiguas instalaciones castrenses.
El recurrente había alegado ante el Tribunal Supremo que la subasta pública de esos terrenos había generado indefensión, supuestas vulneraciones del ordenamiento jurídico y de las leyes de Patrimonio del Estado o de Costas, argumentos todos ellos desechados finalmente por el Supremo. Es más, el Tribunal Supremo no solo ha resuelto que «no ha lugar» el recurso de casación y ha confirmado la mencionada sentencia del TSJA, sino que ha impuesto las costas a la parte recurrente por un importe total de 4.000 euros.
Esta sentencia del Supremo, junto a la resolución con carácter retroactivo emitida el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Medio Ambiente y por la que se declararon los terrenos de Tablada como innecesarios para protección y utilización deldominio público marítimo terrestre, viene a sacar del atolladero en el que se encontraba el Ministerio de Defensa tras vender los terrenos de la antigua dehesa sin haber contado con esa declaración,
El proceso de venta de los antiguos suelos de la base aérea de Tablada se inició en 1997. El 11 de julio de aquel año el Ministerio de Defens substaó 160,9 hectáreas que adquirieron las cajas de ahorro El Monte y San Fernando por 30 millones de euros; en el año 2000 las dos cajas compraron otro lote de terreno a Defensa, éste de 195 hectáreas. Los bancos vendieron después esos terrenos al consorcio empresarial «Tablada Hispalis», en el que figuraban como grupos de referencia Osuna y Prasa, para desarrollar un proyecto que incluía la ejecución de miles de viviendas.
El cambio de gobierno en el Ayuntamiento provocaría el inicio de varios procesos de expropiación que tumbaron los tribunales mientras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado definitivamente en 2006, los terrenos se calificaron como no urbanizables de especial protección. Ante esta situación, el futuro de esa gran parcela de suelo sigue siendo una incógnita, del gran proyecto de desarrollo urbanístico que se iba a ejecutar en él se pasó al de parque periurbano, pero ni siquiera la Junta ha declarado ese suelo como espacio protegido.
