Nadie en la Junta le ha pedido que devuelva las subvenciones

Nadie de la Junta de Andalucía ha solicitado a Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de la Junta de Andalucía, que devuelva las cantidades que le otorgaron. Según consta en su declaración, « ningún organismo de la Junta o cualquier otro se ha puesto en contacto con él o le ha requerido para la devolución de ambas subvenciones o le han pedido explicaciones del destino del dinero».

Esa confesión llama la atención porque desde que estalló el escándalo, la Junta de Andalucía no sólo ha proclamado su intención de aclarar el caso personándose en la instrucción sino que también ha insistido en que recuperará el dinero defraudado y que la propia Junta ha cuantificado en unos diez millones de euros.

Para rescatar parte de ese dinero la Fiscalía Anticorrupción pidió fianzas por valor de 2,8 millones de euros para 14 imputados. Sin embargo la juez fue más allá y solicitó fianzas por 4,7 millones de euros a 16 imputados, entre ellos varios «intrusos» que se beneficiaron de pólizas al figurar en ERE de empresas en las que nunca trabajaron .

Hasta su suegra

Entre esos imputados se encuentra la suegra del propio Guerrero, el ex alcalde de la localidad sevillana de El Pedroso y otros militantes socialistas y amigos del ex director de Trabajo, la mayoría de la Sierra Norte de Sevilla. Sin embargo, Alaya ha advertido que la instrucción está aún en el primer escalón de la pirámide y es posible que suba más arriba. La juez estima que el dinero salió del erario público de manera presuntamente ilícita con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta» y con la mediación de «muy distintos personajes», que abarcan desde empresarios, sindicalistas, asesores y aseguradoras . «Todo ello —dijo— para favorecer a amigos, familiares y, en definitiva, círculos próximos del PSOE».

La juez pidió hace días las modificaciones de las partidas presupuestarias efectuadas por el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía. Y en un auto reciente, la juez señaló que Griñán era el máximo responsable de la «concesión ilícita» de ayudas públicas durante más de una década.