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Abengoa, Acciona y ACS quieren menos dinero para las eléctricas

Creen excesivos los 3.800 millones que reciben Iberdrola, Endesa y Gas Natural

Abengoa, Acciona y ACS quieren menos dinero para las eléctricas

L. M. ONTOSO, M. J. PÈREZ

La guerra de intereses entre las compañías integradas en la patronal Unesa (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON) y los nuevos operadores genera inesperadas parejas de baile. Poco antes de las elecciones generales, el presidente de la organización que representa a las eléctricas, Eduardo Montes, cargó contra las primas que reciben las plantas de energía termosolar, a las que consideraba una de las grandes responsables de los desequilibrios de costes en el sistema.

Al igual que había hecho anteriormente Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola, Montes exigió paralizar durante los tres próximos años la construcción de los proyectos en curso. Abengoa, Acciona y ACS, los grupos titulares de centrales termoeléctricas en España, interpretaron las declaraciones como un ataque frontal. Su carta de presentación ante el nuevo Ejecutivo debía ser compacta, sin fisuras ni mensajes aislados, si querían hacer prevalecer sus reivindicaciones.

Con este fin, las empresas presididas por Felipe Benjumea, José Manuel Entrecanales y Florentino Pérez (una alianza corporativa que ya se conoce en el sector como «triple A») han acordado lanzar una ofensiva conjunta. En las próximas semanas se reunirán con el Ministerio de Industria para poner sobre la mesa un programa alternativo al ofrecido por las eléctricas, según un documento al que ha tenido acceso este periódico.

Sus recetas chocan, como era de esperar, con las de Unesa. Solicitan una rebaja en la retribución para las plantas hidroeléctricas y nucleares (la mayoría en manos de Iberdrola y Endesa), la creación de un impuesto por la utilización de los ríos similar al que pagan las empresas de telecomunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico y la aplicación de una tasa a las instalaciones nucleares cuya vida «sea alargada más allá de las autorizaciones vigentes».

Abengoa ya denunció que los sobrecostes no se deben tanto a la mera concesión de primas a las renovables (más de 7.300 millones de euros en 2011) como al procedimiento del que se sirven Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para retribuir la generación de electricidad. En realidad, no se trata de un método ilegal ni opaco: la propia regulación es la que fija este mecanismo a la hora de determinar el precio al que se vende la energía (la subasta diaria entre productores, distribuidores y comercializadores de electricidad denominada «pool»).

Por ello, la «triple A» exige «cambiar la regulación de fijación de precios», de forma que la hidráulica y la nuclear no se remuneren al precio del «pool», sino «al coste real que tienen más un margen razonable». Estos beneficios excesivos, también llamados en inglés «windfall profits» (caídos del cielo), han supuesto 22.926 millones de euros desde 2006, una media de 3.821 millones de euros al año, subraya el texto. Cifra muy cercana a la compensación que reclaman las eléctricas en concepto de déficit de tarifa, que cerró 2011 en 22.000 millones de euros.

La clave se encuentra en el nuevo Gobierno. El propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, señaló en su discurso de investidura que el encarecimiento de la electricidad no debe «recaer» exclusivamente sobre los consumidores.

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