El PP asegura que las viviendas ilegales «seguirán siendo ilegales»

La portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez , ha acusado a la Junta de Andalucía de "lavarse las manos y engañar a la ciudadanía " en relación a las 300.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la Comunidad, ya que, según ha indicado, tras la aprobación este martes por parte del Consejo de Gobierno del decreto de regularización de viviendas, "éstas seguirán siendo ilegales".

En rueda de prensa, Martínez ha considerado que el citado decreto es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio" y que no va a arreglar el problema de que las viviendas estén al margen de la ley. " Las condena a un limbo social , económico y jurídico en el cual las edificaciones serán definitivamente ilegales", ha explicado. En esta línea, la portavoz 'popular' ha insistido en que el Gobierno andaluz reconoce que existen viviendas fuera de ordenación, "por lo que las mismas se sitúan en desigualdad de condiciones para acceder a los servicios básicos de abastecimiento y se produce una gran indefensión en aquellas vivienda que tienen sentencias de demolición".

Martínez ha indicado que dicho decreto, que ha considerado "electoralista" por aprobarse poco antes de la celebración de las autonómicas, "lo dificulta todo aún porque lo conduce todo a través de los planes generales de ordenación urbana que, en el peor de los casos tardan, de cinco a ocho años". "Es un decreto que llega tarde porque se deriva de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002, cuando tendría que haber sido un desarrollo reglamentario de los usos del suelo no urbanizable", ha apuntado la 'popular', quien se ha preguntado "qué pensarán las 300.000 familias que lo que ha hecho en muchos casos es ahorrar una cantidad de dinero para construirse un campito o establecerse en el campo con sus familias".

El decreto «llega tarde»

En su opinión, esta nueva normativa llega "tarde", cuando se ha producido un "daño irreparable que no tiene marcha atrás". "Llega tarde porque los planes generales de ordenación urbanística en los municipios solo se han desarrollado en un 50 por ciento de los mismos", ha explicado Martínez, quien ha abogado por un modelo urbanístico en Andalucía.

Tras criticar la "pasividad" de la Junta en torno a este fenómeno, la portavoz del PP-A ha recordado que en el año 2002 el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ya advertía de la proliferación de las urbanizaciones ilegales. " No se ha hecho absolutamente nada para dar una respuesta a estas familias que, en algunos casos, tienen licencia y pagan impuestos".

Para Martínez, el decreto aprobado esta martes por la Junta no aborda el problema "de raíz", que es la posibilidad de vivir en el campo en urbanizaciones o viviendas aisladas. Y es que según ha señalado, " no se modifica la LOUA en este aspecto y ni siquiera se recoge en la exposición de motivos que éste sea un problema importante".