El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha confirmado este jueves que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la investigación en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) supuestamente irregulares, ha pedido reincorporarse al cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía y que su solicitud está siendo "estudiada" por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es quien tiene la competencia para hacerlo.
En declaraciones a los periodistas en Granada, el consejero, preguntado por las amenazas de Guerrero acerca de "tirar de la manta", tal y como publica el diario 'ABC', ha respondido que todo aquel que tenga información sobre alguna posible irregularidad "lo ponga en conocimiento de la juez" que se encarga de la instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la magistrada Mercedes Alaya. "Yo siempre he dicho que luz y taquígrafos", ha indicado Recio, que ha insistido, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, en que la Administración Autónomica ha puesto en conocimiento de la juez todas aquellas irregularidades que ha detectado. "Lo que queremos es que se aclare todo al máximo", ha mantenido el consejero.
«Concidencia electoral»
La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha confiado este jueves en que de cara a las elecciones autonómicas, convocadas el 25 de marzo, no se dé "una coincidencia" entre los autos de la juez Mercedes Alaya y el momento electoral, como ya ocurrió en el entorno de las elecciones generales del 20 de noviembre. En rueda de prensa, Díaz ha manifestado que ella ya puso de manifiesto, en ese entorno de las elecciones generales, que le pareció que había una "coincidencia" entre los autos de la juez Mercedes Alaya y el momento electoral. "Espero, deseo y estoy convencida de que ahora no será de la misma manera", ha expresado.
Respecto a la petición del PP-A de que toda la documentación sobre los ERE sea remitida al Parlamento andaluz, Susana Díaz ha manifestado que todos los documentos están en manos de la justicia, que es la que tiene que juzgar, y ha destacado la "transparencia absoluta" de la Junta a la hora de poner a disposición de la juez Alaya toda la información.




