La Torre Pelli no podrá crecer. El Ayuntamiento anunció ayer que paralizará la construcción en altura del proyecto si la promotora, en este caso Cajasol Banca Cívica, no lo hace voluntariamente después de conocerse las conclusiones del informe que los expertos de Icomos, por delegación de la Unesco, han realizado para determinar que el rascacielos afecta al paisaje urbano y al patrimonio monumental de la ciudad.
No parece que entre las intenciones de la promotra esté parar unas obras que desde 2007 y especialmente en el último año avanzan a ritmo vertiginoso a tres turnos de trabajo.
En un comunicado, Cajasol, que no valora la amenaza municipal, solicita el apoyo de las administraciones públicas, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura para que defiendan el que denomina «mayor proyecto económico de Andalucía» ante la Unesco.
De su comunicado destaca el interés por rebajar la importancia del informe remitido por la Unesco a pesar de la contundencia del mismo. Asegura que no es decisivo, ni tiene por qué ser vinculante, por lo que considera que la ciudad podrá seguir defendiendo el proyecto ante la asamblea de la Unesco de junio —como ya ha hecho en otras ocasiones— con la seguridad de que sus monumentos no dejarán de ser considerados patrimonio de la Humanidad.
Pero en el Ayuntamiento no comparten ese optimismo después de que la Unesco haya advertido el «impacto excesivo e indudablemente negativo» de la torre, y, por tercera vez, recomiende parar las obras y revisar el proyecto. Y el alcalde tiene claro que la torre no crecerá si así lo recomienda la Unesco. Lo prometió. La Torre está supeditada a los informes del organismo internacional. Otra cosa será determinar qué pasará con todo el proyecto, condenado a una redefinición —parece muy difícil que a partir del mismo diseño de César Pelli— o a un largo litigio judicial indeseable.
A pesar de que las posturas son totalmente opuestas, ayer la palabra «diálogo» fue de las más utilizadas, incluso desde la oposición municipal.
Pero el delegado municipal de Urbanismo de Sevilla, Maximiliano Vilchez, anunció claramente que el Ayuntamiento paralizará las obras si no alcanza un acuerdo con Cajasol para rebajar la altura del rascacielos. Según desveló el delegado, el alcalde Juan Ignacio Zoido, llamó ayer al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, para pedirle que no continúe construyendo en altura mientras negocian un acuerdo y evitar así poner en peligro la declaración de los tres monumentos patrimonio de la Humanidad existentes en la ciudad, a saber, el Real Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias.
Así pues, el mensaje de Zoido es claro: o hay acuerdo con Cajasol sobre la altura del edificio o se paralizará la torre, que por otra parte tiene abierto un expediente sancionador por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea —dependiente del Ministerio de Fomento— por iniciar su construcción sin pedirle autorización, a pesar de que la torre afecta a las maniobras de aproximación de aviones al aeropuerto de Sevilla.
Indemnización
El delegado de Urbanismo recordó que este es un problema heredado de la anterior Corporación Municipal socialista, si bien admitió que los técnicos han certificado la legalidad de la licencia de obras que se concedió al rascacielos, a pesar de que ni el PGOU de 2006 ni el Plan Especial de la zona incluyó en ningún momento la altura que tendría la torre: 178 metros repartidos en más de 43 plantas.
178 metros repartidos en más de 43 plantas
«Entendemos que llegaremos a un acuerdo con Cajasol y no hará falta parar las obras», anunció Vilchez. Si finalmente no hay acuerdo, el Ayuntamiento iniciará un expediente administrativo para que Cajasol pueda realizar alegaciones al informe de Icomos, aunque el delegado ya avanzó que el procedimiento culminará previsiblemente con la suspensión cautelar de las obras porque «no podemos permitir que la torre siga creciendo y hacer algo irreversible».
En cuando a la indemnización que podría pedir Cajasol si el Ayuntamiento suspende cautelarmente las obras, Maximiliano Vilchez aseguró que desconocía que la entidad financiera hubiera pedido alguna cantidad por la posible paralización del proyecto, cuyo coste será de cerca de 300 millones de euros. No obstante, el delegado advirtió que Cajasol también podría incurrir en responsabilidades si decide continuar con las obras, anteponiendo sus intereses privados a los interese generales.
Maximiliano Vilchez se mostró convencido de que Cajasol reducirá la altura del rascacielos porque —argumentó— «no irá en contra de sus impositores, que son ahorradores sevillanos», que no querrán que la decisión de la entidad financiera ponga en peligro los bienes patrimonio de la Humanidad de Sevilla «y el empleo porque el turismo es la principal industria de Sevilla».
Respuesta en febrero
¿En qué planta se sitúa esa línea roja? Esa es una cuestión que no dilucidó Vilchez
El delegado dejó claro que el Ayuntamiento no permitirá «bajo ningún concepto» que se traspase esa «línea roja» o altura del edificio que afecte al paisaje histórico urbano de Sevilla y ponga en peligro los bienes patrimonio de la Humanidad. ¿En qué planta se sitúa esa línea roja? Esa es una cuestión que no dilucidó Vilchez, quien aseguró que una vez que lleguen a un acuerdo con Cajasol se informará al Icomos y Unesco para confirmar que el proyecto revisado no pone en peligro los bienes patrimonio de la Humanidad».
Urbanismo recordó además que el informe de Icomos pone en peligro también la declaración de otros monumentos de Sevilla como patrimonio de la Humanidad, tales como la Torre del Oro, las Atarazanas o el Palacio de San Telmo, como ya planteó España ante el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco hace dos años. «Está en peligro el interés paisajístico no sólo de esos monumentos, sino del arrabal de Triana o del propio Monasterio de la Cartuja», dijo Vilchez, quien recordó que la exconsejera de Cultura Rosa Torres «llegó a plantear en su día declarar patrimonio de la humanidad el paisaje histórico de Sevilla».
El Ayuntamiento tiene hasta el 1 de febrero próximo para contestar al informe que Icomos ha hecho para Unesco, organismo que se reunirá el próximo mes de junio en San Petersgurgo para decidir sobre los monumentos patrimonio de la Humanidad.
