Hay un plazo de 15 días para presentar el recurso ante el Tribunal Supremo. En el caso de que lo lleve a cabo Miguel Carcaño solicitando homicidio en vez de asesinato, tendrá que hacerlo un abogado y un procurador del turno de oficio del turno del alto tribunal. Paloma Pérez, la letrada de Carcaño, tiene que percibir 450 euros por sus servicios como abogada defensora. Estos honorarios proceden del Servicio de Justicia Gratuita, al actuar como letrada del turno de oficio. Cuando también lleguen los recursos al Supremo, incluido el del abogado de la familia de Marta del Castillo, habrá que esperar más o menos un año para que se resuelva la sentencia final por alguno de los magistrados de la sala penal. Este será el siguiente capítulo y la gran incógnita judicial del caso. Habrá un magistrado del alto tribunal a quien le recaiga por reparto y que será el ponente de la última sentencia del caso por la muerte y desaparición de Marta del Castillo. En sus manos, y en esta sentencia que ya no podrá ser recurrida, estará la última verdad judicial.
Repite la Junta Electoral Provincial. La cercanía en las fechas de las elecciones generales y autonómicas del próximo 25 de marzo, menos de 100 días entre el plazo de convocatoria y celebración entre una y otra, ha prorrogado la continuidad de los responsables judiciales para los casos de conflictos. Damián Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial, está al frente de esta Junta, integrada entre otros miembros por los magistrados Carlos Piñol y María Dolores Sánchez.
20 denuncias falsas y 8 órdenes de protección archivadas contra un hombre de 60 en un proceso de divorcio. Con una pensión compensatoria y de alimentos de fondo, la mujer en este proceso ha protagonizado todo un récord contra su ex marido. A este vecino del barrio de La Macarena, de unos 60 años de edad, le han «llovido» un sinfín de denuncias por parte de su ex pareja, que los juzgados han ido archivando una por una. Ahora es ella la acusada, por denuncia falsa, y un juzgado de instrucción se encarga del caso.
Jurídicos políticos, van dos para Sevilla. Juan Ignacio Zoido, magistrado, dejó la toga para ser director general de Justicia del Ministerio, delegado del Gobierno en Andalucía y, en la actualidad, diputado autonómico y alcalde de Sevilla. Tampoco hay precedentes incluso en toda España de que una secretaria judicial haya sido nombrada subdelegada del Gobierno. Es el caso de Felisa Panadero, la nueva representante del Gobierno central en Sevilla, que ejercía como secretaria judicial del juzgado de 1ª instancia nº 11 de Sevilla. Panadero deja los juicios y sentencias para ocupar ya este cargo de gran responsabilidad política.
El Caso Marta del Castillo y el juez Garzón temas centrales en las jornadas de Comunicación y Justicia celebradas en Tomares. En esta 2ª edición, también desarrolladas antes en la localidad de Bormujos, han participado como asistentes más de un centenar de personas. En estas jornadas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Tomares, participó, entre otros, el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlasca.
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