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La juez cree que el exconsejero Fernández quiso enriquecerse

Insiste en indagar sus bienes y cree que que hubo enriquecimiento de Guerrero y Lanzas

La juez cree que el exconsejero Fernández quiso enriquecerse raúl doblado

mercedes benítez

El exconsejero de Empleo , Antonio Fernández, pretendió enriquecerse de manera ilícita a costa del «fondo de reptiles». Así consta en un auto del 17 de enero de la juez Mercedes Alaya que responde a un recurso contra sus imputaciones. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la instructora afirma que existe «una causa material suficiente para presumir que ese enriquecimiento se pretendió» aunque finalmente no se consiguió. Por ello estima parcialmente el recurso de Fernández y decide que no procede investigar el patrimonio de sus familiares y los del ex delegado de Empleo, Antonio Rivas , pero si contra el propio Fernández como pidió el fiscal. A la juez le llama la atención que en el ERE de González Byass se asigne a Fernández una antigüedad que coincide con su fecha de nacimiento y cree que sólo renunció a recibir las pólizas forzado por las actuaciones.

Alaya afirma que, tras meses de investigación, hay «indicios de efectivo enriquecimiento ilícito» por parte del ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el mediador Juan Lanzas . Guerrero pudo enriquecerse a través de actuaciones como las que se iniciaron en Andújar (la declaración del chófer que dijo que le devolvía una parte de las ayudas y se la gastaron en «cocaína, fiestas y copas» mientras que Lanzas lo hizo través de prestaciones recibidas de pólizas a él y sus familias y presunto abono de comisiones.

Además explica que la imputación de Fernández, consejero de abril de 2004 a marzo de 2010 y viceconsejero y presidente del IFA cuando se firmó el convenio marco en 2001 por José Antonio Viera, estriba en su participación en el diseño de una fórmula por la que el IFA «asumiría la materialización de las ayudas que la Dirección General de Trabajo otorgara a las empresas en representación del consejero».Según Alaya, la «inadecuación del procedimiento» comenzó a partir del expediente de «Hijos de Andrés Molina» en 2005. E insiste en que al usar el procedimiento de transferencias de financiación para encubrir subvenciones excepcionales ha impedido verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas a empresarios y el destino de las ayudas. Y se han adquirido compromisos de pago superando los límites de los créditos y «generando obligaciones millonarias a la Junta».La juez recuerda que Guerrero declaró que siempre informó de sus actuaciones a sus superiores en la Consejería, al consejero, el vice, la secretaria general técnica y directores generales.

En otro auto, insiste en investigar si el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas , conocía la inclusión de numerosos intrusos. «Rivas debe ser objeto de una profunda investigación por si ha podido cometer otras actuaciones ilícitas» dice.

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