«La planta no funciona, no, no daba suministro», reconoce la exalcaldesa

La Junta de Andalucía justifica la concesión de la subvención para reparar la planta de biomasa al Ayuntamiento de Burguillos, pese a sus gigantescas deudas con la Seguridad Social y Hacienda, en que se trata de «una subvención excepcional y, por tanto, carente de norma reguladora» y que se tramita «ante situaciones excepcionales». Esto es, esta modalidad legal que permite conceder ayudas a cualquier administración «a dedo», sin procedimiento ni ajuste a proyecto y que hace viable entregar millones de fondos públicos sin justificación previa alguna. Un modelo abierto a la arbitrariedad. Aunque legal, sí. En este caso, la administración subvencionada no cumple con los preceptos de la Ley General de Subvenciones, pero «los conceptos urgentes y excepcionales son aplicables a situaciones de reparación de daños por fenómenos meteorológicos».

En ese punto, desde la Delegación del Gobierno autonómico se explicó a ABC que los criterios técnicos en que se ha basado la ayuda responden al contenido de un informe del arquitecto municipal del Burguillos que acompañó a la solicitud y del que «se desprende con meridiana claridad que las infraestructuras dañadas son de titularidad municipal». Se desprende, pero nunca se dice. Ni se comprueba. Ese informe, según la Junta, «acredita los daños sufridos» y el importe estimado de los mismos. El documento, no obstante, no es fiel a la realidad, aunque sirve al Ayuntamiento para ampararse en la ley y a la Junta para liberar el dinero. Una auténtica coartada. Y es que el Ayuntamiento liderado por la alcaldesa socialista Mariana Pérez completó ese informe asegurando que la planta de biomasa estaba en funcionamiento. Y jamás llegó a terminarse ni a estar activa. «Desde que se produjo la inundación, algunos edificios han sufrido el corte absoluto de energía, y a otros no se les ha podido suministrar la suficiente potencia», indica el arquitecto municipal —que no ha respondido al requerimiento de este diario— para luego especificar que por culpa de la lluvia, la planta estaba «funcionando en precario» hasta que, después, «se produjo una sobrecarga» que propició la «paralización completa de la planta». Una planta que nunca se terminó de construir y que jamás funcionó ni dio fluido a edificio municipal o público alguno, como se refiere.

En este sentido, la Junta se defiende indicando que se concede la subvención para paliar los daños en la instalación «con independencia de si ésta está en pleno funcionamiento o no». «El grado de culminación de las infraestructuras es indiferente» a la hora de conceder la ayuda, según el departamento liderado por la socialista Carmen Tovar, que se limitó a dar una «explicación técnica» del asunto, que «no tiene ningún matiz político», insistiéndose en el carácter «municipal» de la instalación cuando dicha maquinaria es de un tercero, no del Ayuntamiento.

La propia exalcaldesa socialista Mariana Pérez admitió en conversación con ABC que, efectivamente, la planta de biomasa «no estaba en funcionamiento, no, no daba suministro a edificios municipales» al estar construyéndose. «Se pidió dinero para muchas cuestiones, entre ellas para la planta porque el agua había entrado y había afectado a la maquinaria», dijo, alegando no recordar «los detalles de la subvención», como el hecho de que el arquitecto rubricase que la planta estaba activa.