Después de dos años de negativa de la Junta de Andalucía a pagar el ERE de Mercasevilla de 2007 —que se había estado abonando misteriosamente por la aseguradora hasta que se destapó el caso de corrupción—, la juez de instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha concluido en un auto que de lo firmado por el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, se deriva «la obligación de pago por parte de la Junta en concepto de prima de cerca de 5 millones de euros por el primer ERE —el de 2003— y en torno a los 9 millones de euros por el segundo».
Hasta ahora, la Junta había alegado que el segundo ERE había sido aprobado por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sin expediente oficial para no abonar la póliza. Pero la juez considera probado que Rivas tenía conocimiento y que eso obliga a Empleo a pagar. De hecho, Mercasevilla entró en causa de disolución a raíz del impago de la Junta, ya que tuvo que hacerse cargo de este abono.
Por otra parte, Alaya también considera una «irregularidad» el hecho de que después de «la extinción de 74 contratos laborales de los 184 trabajadores fijos que componían la plantilla» en 2003, «en un período de dos años la empresa había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primer ERE habían sido despedidos». En este sentido, añade la juez, «Rivas no apreció la existencia de la menor irregularidad y se aprobó el segundo ERE el 7 de mayo de 2007». El argumento que sostiene Alaya tras la descripción de los hechos es que «si la situación descrita podría considerarse grave al tratarse de una empresa municipalizada, aún más si tenemos en cuenta que la financiación del Plan de Prejubilaciones de ambos ERES sería asumido en su mayor parte por la Junta de Andalucía, extremo del que era conocedor el delegado provincial de la Consejería de Empleo».
Pero sus razones para considerar ya a Rivas como «inculpado» no terminan ahí. La juez ordena investigar si este cargo sabía que se prejubilaron cinco trabajadores que no habían cumplido los 50 años exigidos y añade que Rivas «autorizó la extinción de cuatro trabajadores que no pertenecían a Mercasevilla, sino que eran empleados de la Fundación». Igualmente pide que se investigue si tenía constancia de la inclusión del «intruso» Antonio Garrido Santoyo y el hecho de que «habiendo sido el señor Rivas alcalde del Ayuntamiento de Camas desde el año 1991 hasta el año 2000» hayan sido beneficiarios «de una póliza de prejubilación familiares del mismo por afinidad», los cuales «nunca trabajaron» en las empresas por las que cobran.
En definitiva, Alaya considera que el socialista Antonio Rivas «ha autorizado múltiples expedientes de regulación de empleo habiéndose detectado falsos trabajadores en las pólizas de prejubilación derivadas de los mismos».
