Hasta el último momento estuvo repartiendo subvenciones el exdirector general de Trabajo, Francisco Guerrero, principal imputado en la trama de los ERE. Al menos eso se desprende de los últimos atestados remitidos por la Guardia Civil a la juez instructora del sumario de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya.
En esos atestados la Guardia Civil llega a decir textualmente que «llama poderosamente la atención que en los dos días anteriores a su cese como director general de Trabajo, pudo suscribir compromisos de pago por un valor próximo a los quince millones de euros». El cese de Guerrero se produjo el 29 de abril de 2008.
Sin embargo, según consta en las actuaciones, el 28 de abril, justo un día antes, Guerrero envió un escrito a la aseguradora Apra Leven dando su conformidad para que se suscribiera una póliza para 24 trabajadores de Aglomerados Morell comprometiéndose a abonar 1.204.261 euros el 1 de julio de ese año y otra cantidad igual el 1 de julio de 2009.
Pero ese no fue el único pago que firmó el día antes de dejar la Consejería. También rubricó compromisos de pago para la empresa A Novo por valor de 8.162.520 euros. Y también ese mismo día firmó otro para la empresa Promi Forja S.L. por un montante de 2.354.803 euros.
Y al día siguiente, el mismo en que fue destituido y que tomó posesión su sucesor Juan Márquez (también imputado por la juez Alaya), Guerrero dejó otro compromiso. Firmó otro pago con destino a Mercasevilla por valor de 1.891.638 euros. Seguramente el exdirector de Trabajo tendrá que dar explicaciones a la juez Alaya el próximo día 23 de febrero, fecha en la que ha sido citado a declarar.
Entretanto la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya que confirme las fianzas por importe total de 4.715.655 euros impuestas a un primer grupo de 16 imputados, según informa Efe. La Fiscalía se oponer así a los recursos que presentaron la mayoría de los imputados porque entiende, como hizo la juez, que cobraron dinero público «con pleno conocimiento de su ilicitud».
