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Una alcaldesa del PSOE medió en un ERE falso por «beneficio electoral»

Presionó a la Junta para que diera ayudas a Aglomerados Morell a cambio de contratos

A. R. VEGA/ M. BENÍTEZ

La campaña electoral vuelve a planear sobre el fraude de los ERE. Con el fin de obtener un «beneficio electoral» para su pueblo, la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), María José Cervantes, actuó de intermediaria entre la empresa Aglomerados Morell SA y la Junta de Andalucía para que ésta le concediera ayudas por una cuantía total de 4,5 millones de euros con cargo al denominado «fondo de reptiles» para costear prejubilaciones de 22 trabajadores. En dicho expediente de regulación de empleo (ERE) se colaron otros dos intrusos, personas que nunca habían trabajado para la citada sociedad y que tuvieron acceso a pólizas subvencionadas de la Administración autonómica.

Así lo revela un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hecho público ayer por el grupo del PP de la Diputación de Sevilla e incorporado al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que investiga la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya. Tales investigaciones han supuesto la imputación de esta exregidora socialista que en la actualidad es un alto cargo de la institución provincial, gobernada por el PSOE.

Según se desprende de la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Cervantes, que es dirigente de la agrupación socialista de Sevilla, mantuvo «varias reuniones» con responsables de Aglomerados Morell, una firma especializada en el tratamiento de corcho, para facilitar su desembarco en esta localidad de la Sierra Norte de Sevilla, epicentro de varia de las empresas subvencionadas con la partida de los ERE. Tales encuentros se desarrollaron meses antes de las elecciones de 2007 y en ellos la entonces regidora solicitó a la compañía que se contratara a personas residentes en el municipio «a fin de que ésta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de presión para facilitar así la concesión de las subvenciones necesarias para efectuar dicho traslado», concluye el atestado de la UCO.

La propia Cervantes, según consta en el informe, en un principio, en su declaración ante la Guardia Civil el 7 de octubre pasado, negó tales negociaciones. Sin embargo, después de «mostrarle un documento con fecha del 23 de mayo de 2006 en el que se refleja lo contrario, declara que el motivo de la reunión con los administradores de Aglomerados Morell SA versaba sobre el traslado de la empresa», señalan los agentes en su informe. Como conseguidor de las citadas ayudas aparece también la figura del sindicalista de UGT Juan Lanzas, también imputado.

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Eloy Carmona, y la diputada provincial del mismo grupo, Virginia Pérez, pidieron ayer en el Pleno de la institución al presidente, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, que destituya a Cervantes, quien, tras perder las elecciones en 2011 —ahora gobierna el PP en coalición con un grupo independiente—, fue «repescada» por Villalobos para hacerse cargo de la Dirección de Área de Cohesión Social e Igualdad. Además, la exalcaldesa socialista ocupa la Secretaría de Igualdad de la ejecutiva provincial del PSOE hispalense, que dirige el exconsejero de Empleo que instauró la fórmula de concesión de ayudas sociolaborales, José Antonio Viera, que es diputado en el Congreso.

Largo historial judicial

Los diputados del PP recordaron que Cervantes estuvo imputada en causas anteriores, pues la Fiscalía había detectado un posible delito de prevaricación en una serie de contrataciones de familiares durante sus dos mandatos consecutivos y reclama para ella 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación por dos licencias de obra otorgadas en suelo no urbanizable. Además, Cervantes medió en la concesión de otras subvenciones autonómicas concedidas a empresas relacionadas con el histórico exalcalde socialista de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla.

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