La Universidad de Sevilla invirtió casi cuatro millones de euros en comenzar las obras de la biblioteca del Prado, aunque cuando empezó ya estaba recurrida por los vecinos. Ahora que el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenando la demolición, el proceso de restitución de los Jardines del Prado costará en torno a otros tres millones y si la institución educativa no se apremia en la ejecución de la sentencia puede además ser multada, lo que ampliará el coste para los ciudadanos por la gestión realizada en la Universidad Hispalense.
Los vecinos de la calle Diego de Riaño número 9 presentaron en la mañana de ayer, como había avanzado ABC, una demanda de ejecución de título judicial ante el TSJA, para reclamar el cumplimiento de la sentencia dictada en junio de 2009 y refrendada por el TS, pues la Universidad no ha demolido el edificio a medio hacer, como le exigía la sentencia.
En el texto de la demanda se señala que «en el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias». También se solicita a la sala que dé como plazo para la ejecución de la sentencia y derribo de la biblioteca un máximo de un mes y se pide «que, cuanto antes, se ordene a las administraciones el pleno y escrupuloso cumplimiento de la sentencia que nos ocupa en sus propios términos, sin componendas o tapujos de ningún tipo que, en caso de consumarse, supondría un claro quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución».
Los afectados reclaman en la demanda que si alguna de las partes incumpliese el requerimiento, el juez ordene «la ejecución subsidiaria con cargo a la parte condenada» y recuerda que la demolición de lo construido y la reposición de los jardines «deberá estar a cargo de la Universidad, dado que al serle concedida la licencia urbanística, ésta renunció expresamente a exigir cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento de Sevilla». No obstante, si la sala dicta la posibilidad de una ejecución subsidiaria, en caso de que la Universidad no se apreste a cumplir la sentencia, el Ayuntamiento, obligado a velar por la ejecución del fallo, puede hacerse cargo de la demolición que, en cualquier caso, deberá sufragar la Universidad Hispalense.
Sobre todas estas cuestiones ABC preguntó ayer a la Universidad de Sevilla, pero la única respuesta fue que «no hay nada que decir». Tampoco el vicerrector de Infraestructuras y único candidato en las próximas elecciones a suceder a Joaquín Luque al frente del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, comentó nada al respecto ayer en los actos de inicio de la campaña.
Frente al silencio que sobre la cuestión mantiene la cúpula de la institución académica, la demanda de ejecución de los vecinos está cargada de razones debidamente fundamentadas, trabajo realizado por el bufete Prado-Molina Lamothe y asociados que lleva el caso y los distintos recursos desde 2006.
En el texto se resalta que «no cabe duda de la procedencia de instar a la ejecución definitiva de la reiterada sentencia, una vez que ésta ha devenido firme y, además, han sido confirmados los autos de ejecución provisional que ordenaron en su día la paralización de las obras de la biblioteca, sin que las codemandadas hayan realizado hasta el momento actuación alguna tendente a llevar a puro y debido efecto el fallo». Otro de los puntos relevantes de la demanda de ejecución es que deja claro que las sentencias del Supremo «cierran definitivamente toda posibilidad a la construcción de la nueva biblioteca de la Universidad en terrenos de los Jardines del Prado de San Sebastián» y agrega que «ni siquiera ello sería posible a través de una modificación puntual del PGOU».
También hace referencia al parking subterráneo que ya estaba construido cuando se paralizó la obra en el verano de 2009. En la demanda se hace constar la oposición de los vecinos al mantenimiento de esta infraestructura explicando que, como adelantó ABC tras consultar con expertos, «el mantenimiento de este aparcamiento es incompatible con la repoblación que ha de llevarse a cabo sobre el frente oriental del Parque, a la que deben volver los ejemplares de gran porte que allí crecían antes del comienzo de las obras».
Con todo esto, los vecinos reclaman la ejecución definitiva de la sentencia dictada el 4 de junio de 2009, confirmada por sentencia del Supremo del 13 de junio de 2011 «debiendo las administraciones proceder a la demolición total de lo construido ilegalmente sobre los terrenos del Parque o Jardines del Prado de San Sebastián».
