La trama de los ERE fraudulentos pagados con fondos de la Junta tenía su propio lenguaje secreto para ocultar las irregularidades. Documentos y escritos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros realizados a la sede de Vitalia —dentro de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya— revelan que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y los intermediarios de la consultora catalana utilizaban a menudo anotaciones encriptadas y eufemismos sobre los intrusos o falsos prejubilados, a los que se referían con palabras en clave como «PAR» (abreviatura de «particular») o «ESPECIAL». Vitalia era, junto con Uniter SL, una de las intermediarias escogidas por la Junta para poner en contacto a los trabajadores despedidos en empresas con aseguradoras con el fin de garantizarles una renta mensual subvencionada hasta la edad de jubilación.
Como toda red de corrupción que se precie, los principales actores de esta trama empleaban un lenguaje propio para esconder la trampa y camuflar la inclusión de personas en expedientes de sociedades donde nunca habían trabajado, así como las gestiones relacionadas con sus primas. Un «elemento común detectado en varios de los intrusos» es la «palabra “particular” seguida del nombre de la empresa», advierte un atestado de la UCO, al que ha tenido acceso ABC, sobre el ERE que presenta la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) S.A.L., donde se colaron dos intrusos vinculados al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Uno es Andrés Carrasco Muñoz, «amigo de la infancia» de Guerrero, uno de los principales imputados, y vecino de El Pedroso (Sevilla), donde éste fue alcalde del PSOE entre 1995 y 1999. El otro beneficiario de ayudas que nunca trabajó para la envasadora de aceitunas de Dos Hermanas era Domingo Martínez Castillo, exalcalde socialista ya fallecido de San Nicolás del Puerto (Sevilla).
La Guardia Civil detalla en un minucioso informe que «entre la documentación contenida en el sobre intervenido durante la entrada y registro efectuada en la sede de Vitalia, en cuyo adverso se podía leer “PAR - VIT. ACYCO” Carrasco Muñoz Andrés, se encontraba un folio a modo de ficha en cuyo encabezamiento figura “Diciembre-2004”». En dicha hoja figura el nombre de este intruso en una tabla donde debajo del epígrafe «Empresa» aparece la palabra «ESPECIAL», «no asociándose a ninguna empresa», especifica la UCO. En una fila inferior se cita al otro falso prejubilado. Como consultor y negociador se identifica a Jesús Bordallo, imputado en la causa junto a Antonio José Albarracín, ambos responsables de Vitalia. En otro de los documentos envíados por fax desde la sede de Vitalia en Madrid a su delegación en Sevilla aparece en el apartado «Observaciones” de manera manuscrita otros apuntes en clave como «OK Sin gestión, no hay nada, sólo póliza» en referencia a los intrusos del ERE de Acyco. Estas anotaciones, aclara la UCO, son recurrentes en otros expedientes.
Por otra parte el fiscal anticorrupción interrogará a Guerrero sobre la supuesta destrucción de papeles que denunció a la Guardia Civil. Según fuentes de la Fiscalía, en su declaración ante la juez, que tendrá lugar el próximo 23-F, el Ministerio Público preguntará a Guerrero sobre este extremo después de que confesara que sabía por funcionarios que «se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla».
«Vamos a preguntarle sobre todo lo que ha dicho a la Guardia Civil», explicaron fuentes de la Fiscalía. Así también le cuestionarán sobre sus confesiones acerca de que fueron el consejero y el viceconsejero (entonces José Antonio Viera y Antonio Fernández) quienes le indicaron cual era el método de adjudicar ayudas. O sobre lo que dijo acerca de que se llevaban al consejo de dirección y a los consejillos que presidía entonces Gaspar Zarrías. O que el tema debía ser conocido por el Consejo de Gobierno.
Declarará en sala de vistas
La expectación que ha levantado la declaración de Guerrero y la posibilidad de que al interrogatorio acudan más de cincuenta abogados (tantos como imputados) ha hecho que el juzgado haya planificado trasladar la comparecencia a una sala de vistas en lugar del despacho de Alaya. Así estarán más cómodos.
