Discrepancias en el Gobierno sobre la legalidad del matrimonio homosexual

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer en una entrevista en la «Cadena Ser» que el matrimonio entre personas del mismo sexo no vulnera la Constitución. Sus palabras fueron rápidamente corregidas por su compañero de Gabinete, Jorge Fernández Díaz, titular de Interior, quien aseguró que si en 2005 el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley que permite a los homosexuales contraer matrimonio es porque tenía, y tiene, el firme convencimiento de que es contraria a la Carta Magna.

La polémica saltó a primera hora de la mañana cuando Gallardón aseguró que, según su criterio personal, «no existe causa de inconstitucionalidad». Puntualizó que es el TC quien debe pronunciarse sobre este asunto y que, en cualquier caso, el Gobierno estará a lo que diga la sentencia. Unas horas después, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación tras su encuentro con los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro de Justicia negaba tajante que se vaya a retirar el recurso e insistía en la idea de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está a la espera del pronunciamiento del TC. Y hasta ese momento, en su caso, no tocará la ley.

Por coherencia

Es la primera vez que Ruiz-Gallardón defiende la constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales desde las filas del Gobierno, como ministro de Justicia. Pero no es la primera vez que expresa públicamente esta opinión, pues ya lo hizo siendo alcalde de Madrid, cargo que incluso le permitió oficiar alguna boda entre personas del mismo sexo.

Conocida o no, su coherencia y sinceridad le ha costado a Gallardón la primera reconvención por parte de otro miembro del Gobierno. Fue el ministro del Interior el encargado de contestarle públicamente. Lo hizo desde los pasillos del Senado: «Hombre, si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos planteado enmienda a la totalidad y no hubiéramos presentado recurso de inconstitucionalidad», aseguró Fernández.

El PSOE aprovechó la ocasión para arremeter contra Gallardón. La portavoz en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, le acusó de practicar el «engaño» y la «hipocresía» y le exigió que retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley. «Es muy paradógico y un verdadero ejercicio de hipocresía que el ministro de Justicia diga que no aprecia indicios de inconstitucionalidad y que su partido, sin embargo, mantenga un recurso en el Tribunal Constitucional», dijo Montón, para quien «o es una contradicción» o «se trata simplemente de un nuevo engaño del PP».

Acercamiento de los etarras

Los ministros de Interior y Justicia tuvieron ayer otro roce a cuenta de la política penitenciaria del Ejecutivo. Gallardón aseguró que el Gobierno ni siquiera se plantea estudiar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Fernández puntualizó sus palabras, según informa Ep. El titular de Interior aseguró que había hablado con su compañero y que no había querido decir eso. A renglón seguido, explicó que «la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior» y que «lo que nos planteamos es la reinserción individualizada de los presos y que se acojan a lo que establece la ley: arrepentirse de su pasado, pedir perdón y pagar las indemnizaciones. En definitiva, la denominada “vía Nanclares”».

Gallardón se reunió ayer con los miembros del CGPJ en su primera visita institucional al órgano de gobierno de los jueces. Expuso las líneas generales de su programa y escuchó las sugerencias de los vocales sobre las reformas más urgentes que necesita la Administración de Justicia.