El famoso «conseguidor» Juan Lanzas, el sindicalista de la UGT imputado en el escándalo de los ERE —por estar incluido como falso prejubilado y también por su labor de intermediación en otros expedientes de regulación de empleo financiados por la Administración autonómica—, representaba a la Junta de Andalucía como asesor. Hasta ahora habían sido múltiples los testigos del caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que apuntaban a que Lanzas era un «representante» del ejecutivo regional en las negociaciones de los ERE, pero este periódico ha tenido acceso a documentos que señalan claramente que el ugetista aparecía oficialmente como «asesor de la Junta de Andalucía».
En calidad de «asesor» de la Junta, de hecho, cobró de las arcas públicas, según la documentación consultada por ABC. Así, Lanzas aparece en una memoria de Mercasevilla sobre el viaje realizado por una delegación del mercado central de abastos sevillano a Marruecos del 1 al 3 de junio de 2006 y costeado por la lonja pública —controlada por el Ayuntamiento de Sevilla— como «asesor de la Junta de Andalucía» en un listado de viajeros encabezado por quienes entonces eran los directores del mercado, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ahora principales imputados. Los responsables del mercado incluyeron al intermediario como miembro de la expedición al país africano, al que Mercasevilla fue de «visita institucional». En este grupo que cruzó el Estrecho estuvieron también el entonces concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo y el que era director de dicha área, Domingo Enrique Castaño, exasesor de Monteseirín en el grupo municipal socialista y otro de los imputados por el «caso Mercasevilla».
Lanzas representaba en dicho viaje a la Junta según la documentación de Mercasevilla, que concedía carta de naturaleza a un hecho que todos daban por sentado en dicho ámbito, la pertenencia del sindicalista a la administración autonómica. De la que luego el responsable de área de la UGT —persona muy próxima al socialista de su tierra Gaspar Zarrías— se ha desligado para sacar de un apuro a los dirigentes socialistas del ejecutivo autonómico. Uno de los denunciantes de la rama inicial del caso, el de las comisiones ilegales, el empresario de La RazaPedro Sánchez Cuerda, ya declaró en sede judicial que pensaba que Lanzas era un representante de la Junta. En esa condición viajó con Mercasevilla, por ejemplo.
Lanzas es un personaje clave en la trama de los ERE. Su nombre apareció por la vinculación con los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, donde hizo de «intermediario» cualificado. Luego su nombre se asoció a otros muchos ERE financiados por la Junta donde han surgido irregularidades en forma de «intrusos», prejubilados que nada tenían que ver con las empresas en cuyas pólizas fueron incluidos. De hecho, él mismo y su mujer fueron detenidos por la Policía y prestaron declaración por aparecer incluidos como falsos prejubilados en la empresa malagueña Hitemasa, donde nunca estuvieron. Lanzas está imputado en el escándalo de los ERE en una doble vertiente, por aparecer él mismo como «intruso» en uno de los planes de extinción de empleos y también por su papel de intermediación en ERE fraudulentos incentivados por el Gobierno andaluz y que han recibido cantidades del famoso «fondo de reptiles».
Lanzas apareció en la Federación de Alimentación de UGT en Jaén a mediados de los años 80 sin un currículum que lo avalase. A finales de los 90, participó en la negociación del ERE de Coosur, donde coincidió con Antonio Garrido Santoyo, que dimitió en noviembre de 2010 como miembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza al aparecer su nombre en la lista de prejubilados de Mercasevilla, donde él nunca trabajó. Después vendría el ERE de Cárnicas Molina, donde Lanzas coincidió con César Braña —exgobernador civil de Cádiz, ya fallecido— y al que la Junta encomendó la tarea de reflotar la cárnica. Fue el primer expediente que la Junta incentivó con el «fondo de reptiles». Fue el inicio de un nuevo modelo, el que ha llevado a la Junta al disparadero.
