Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) amenazó ayer con denunciar al PP ante los tribunales ante las afirmaciones «tendenciosas, sesgadas y falsas» vertidas por este partido y que esta sociedad rechaza «absolutamente». Aseguró que con sus declaraciones «se daña la imagen de la compañía, y afectan negativamente la proyección y expectativas de negocios de las empresas privadas con las que Invercaria tiene articuladas operaciones de capital riesgo». En una nota, apunta que «no se puede jugar con el empleo y el sustento de muchas empresas y trabajadores andaluces con fines partidistas». Para Invercaria, «se constata un total desconocimiento o manipulación sobre el carácter de las operaciones» que consisten en préstamos, préstamos participativos o participaciones en capital en empresas.
El PP andaluz ha puesto números al uso discrecional de un fondo gestionado por la sociedad de capital riesgo Invercaria para prestar dinero y realizar inversiones con las que insuflar liquidez a empresas afincadas en Andalucía. La empresa ha manejado un presupuesto total de 65,33 millones de euros durante un lustro, desde su creación en marzo de 2005 hasta mediados del pasado año, según informó ayer el coordinador del área económica del partido, Rafael Carmona, en una rueda de prensa. De esta cuantía, estima que cerca de 50 millones de euros se repartieron entre negocios «sin ningún tipo de control ni procedimiento», importando el modelo del polémico «fondo de reptiles», la partida que financió a empresas en crisis y prejubilaciones en ERE trucados que ha dado pie a un aparatoso proceso judicial que se ha saldado de momento con cerca de cincuenta imputados, incluido un alto cargo de la Consejería de Empleo.
La factura total de las supuestas irregularidades que el PP vincula a Invercaria asciende a 8.319 millones de las antiguas pesetas. La sociedad dependiente de la Agencia IDEA se financia a través de transferencias que salen directamente de los presupuestos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta. Destacó que de los cuatro programas que funcionan para invertir en proyectos innovadores en fase embrionaria, sólo uno, el plan Campus, que costó 16,3 millones, «se ajustó a la orden de incentivos».
Este sistema, en el que Invercaria actúa como intermediaria, permitió poder ocultar al control y la fiscalización pública de la Intervención General de Hacienda de la Junta ayudas millonarias que fueron a parar a aventuras empresariales que con frecuencia fracasaron. «Se buscaba un instrumento público, se le dotaba de muchos fondos y se repartía de manera discrecional», apuntó el dirigente popular. El dinero acababa luego en manos de «amigos del PSOE» gracias a un modus operandi calcado del denominado «fondo de reptiles», afirmó.
El resultado de esta particular política de gasto que contrasta con los procesos reglados en una Administración pública es que muchas empresas se convirtieron en un agujero negro donde quedaron enterradas muchas ayudas. Treinta de las 39 donde invirtió hasta 2009 presentaron números rojos en ese ejercicio, como advierte una reciente auditoría de la Cámara de Cuentas. El informe, que analiza la contabilidad de 2009, detalla que «no existe preestablecido ni publicado ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos y los importes máximos o mínimos a conceder». Otra de las anomalías que reseña es que Invercaria «no se ajusta a lo establecido» en una orden que regula la concesión de incentivos, como destacó Carmona.
Más fondos con la crisis
El dinero invertido en un lustro a través de Invercaria fue creciendo de forma exponencial año a año y a medida que se recrudecía la crisis: 1,73 millones en 2005, 11 millones en 2006, 9,2 en 2007, 18,8 en 2008, 19,5 en 2009 y 5,3 en 2010, según el desglose facilitado por el PP extraído de las cuentas.
El portavoz en materia económica de los populares lanzó un «recado» a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien el martes pasado se mostró «orgullosa» de la gestión realizada por la empresa de capital riesgo advirtiendo que «fraude, ninguno». A juicio de Carmona, la también portavoz del Gobierno tendrá que «pedir perdón» por este comentario y recordó que el argumentario del Ejecutivo andaluz coincide con «las mismas palabras que decía hace un año cuando saltó el escándalo de los ERE» para minimizar su eco mediático.
Abrumado por el vértigo de la investigación policial, judicial y periodística, que cada día se destapa con nuevos casos de fraude en los titulares, el Gabinete de José Antonio Griñán ha dado un giro a su estrategia y ha empezado a investigar los casi 70 millones en resoluciones de ayudas distribuidas entre empresas, planteándose incluso pedir su nulidad. «Todo es legal hasta el momento que deja de serlo y, como ha ocurrido con los ERE, se revisan ahora todas las ayudas sociolaborales y se les pregunta a las personas que las solicitaron hace diez años para qué las solicitaron», indicó Carmona, quien avanzó que en breve «se hablará» del papel preponderante que, a su juicio, jugó el exvicepresidente y mano derecha de Manuel Chaves en sus sucesivos gobiernos, Gaspar Zarrías, en el fraude de los ERE e Invercaria.
