El PSOE y la Junta de Andalucía dispararon ayer toda su artillería pesada, en el plano dialéctico, para tratar de convertir en un ataque a la Comunidad autónoma la decisión del Ministerio de Educación de modificar los temarios de las oposiciones a profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional maestros a cuatro meses de los exámenes.
La medida, en realidad, supone recuperar los contenidos que se estudiaban desde 1993, y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero en vísperas de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, sustituyó. Por tanto, el supuesto «daño» que se puede haber causado a los aspirantes a una plaza es limitado —durante dos meses—, como ayer se apresuró a señalar el ministro Wert. Y no sólo a los candidatos andaluces, sino también a los de otras comunidades donde se han convocado exámenes y están gobernadas por el PP, como Madrid, si bien a esta última los socialistas no la mencionan.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, rechazó ayer que la derogación de los temarios docentes vigentes desde enero perjudique a los opositores, pues tiene un alcance práctico «limitadísimo», y dijo que no respondían «ni remotamente» a los mínimos que deben exigirse al profesorado.
Efectos
El PP aseguró que la iniciativa da «estabilidad» a los opositores
Sobre los efectos de la decisión, Wert negó que pueda argumentarse de forma «veraz» que la anulación, publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado, resulte dañina para los opositores, pues los textos derogados aparecieron el 18 de noviembre pasado en el BOE y ahora se restablecen los anteriores (de 1993 y 1996), es decir con los que venían trabajando los aspirantes hasta entonces. «Puestos a pedir disculpas —resaltó— habría que ponderar el volumen de disculpas que tiene que pedir quien ha cambiado el temario el 18 de noviembre a opositores que llevan, a lo mejor, dos años estudiando los anteriores».
En Andalucía, la polémica se ha convertido en poco menos que en «casus belli» para el Gobierno que preside José Antonio Griñán y los portavoces del PSOE, que han visto en este asunto argumentos para recuperar la estrategia del agravio, y motivos para culpar al presidente del PP-A, Javier Arenas, de estar «detrás» de la decisión «porque no quiere que haya en Andalucía un servicio público de educación fuerte», según manifestó en Huelva Mario Jiménez, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento.
Jiménez, no obstante, obvió que las oposiciones se han convocado también en el País Vasco y en Madrid, Comunidad, esta última, donde gobierna el PP, y en las que la derogación de los temarios tienen idénticos efectos. UPyD y PA también criticaron los cambios.
En nombre de la Junta, el consejero de Educación, Francisco Álvarez de al Chica. pidió ayer al ministro que «rectifique» por haber adoptado una medida «unilateral» y que provoca «inseguridad y zozobra» a los 2.389 opositores a los cuerpos de profesores. De la Chica aseguró que Wert no planteó su intención de suspender los temarios en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada en Madrid el 28 de enero, y confirmó que Andalucía seguirá adelante con su oferta de empleo público docente para 2012.
El PP-A, sin embargo, defendió la postura del Ministerio porque devuelve la «estabilidad» a los opositores, y remarcó la idea de que el Gobierno socialista aprobó los temarios ahora anulados pocos días antes de las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Según el PP, el Ministerio ha actuado «con rapidez».
A su vez, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a la Junta de actuar «en clave electoral» y de tener «poca lealtad institucional».
