La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá hacer efectiva en los próximos días la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, una vez que el Tribunal Supremo le notifique la sentencia que le ha condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas del "caso Gürtel".
Esta comisión, que se reunirá de forma ordinaria el próximo martes, recibirá en las próximas horas formalmente el fallo del Supremo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, al ser el órgano administrativo al que corresponde oficializar la sentencia que supone para Garzón la pérdida de su condición de juez y con ella los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.
Esa separación de la carrera no sólo pone fin a más de 30 años de ejercicio judicial de Garzón (22 años en la Audiencia Nacional), sino que además tendrá consecuencias también en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que hasta ahora era titular.
Desde que Garzón fue suspendido cautelarmente por primera vez de sus funciones por el Poder Judicial, cuando el 14 mayo de 2010 el Supremo le abrió juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, su juzgado en la Audiencia Nacional lo dirige el magistrado Pablo Ruz en comisión de servicios. Ahora esa plaza saldrá de nuevo a concurso y podrán optar a ella magistrados de toda España y la Comisión Permanente del CGPJ será también la encargada de elegir el idóneo entre los aspirantes por criterios de antigüedad y experiencia.
Pendiente de otros dos fallos
Garzón, a quien el Supremo también ha juzgado ya por la investigación de los crímenes del franquismo, tiene todavía otra causa más abierta en el Alto Tribunal: la que investiga los patrocinios de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante 2005 y 2006.
El instructor de esta causa, el magistrado Manuel Marchena, que también formó parte del tribunal que ha condenado a Garzón por las escuchas a la trama "Gürtel", puso fin a la instrucción el pasado 27 de enero en un auto notificado en el que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y le imputó un delito de cohecho impropio.
No obstante, la causa aún está en fase de recursos y no se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, una decisión que aún tiene pendiente Marchena, y que podría verse condicionada también por la separación de Garzón de la carrera judicial, ya que esa expulsión supone también que pierde su condición de aforado.
Si Marchena considera que aún así Garzón debe ser juzgado en el Supremo porque los hechos que se le imputan se produjeron cuando todavía ostentaba el aforamiento que le otorgaba su condición de magistrado, podría decidir dictar entonces la apertura de juicio oral.
También existe la posibilidad de que el magistrado del TS remita la causa a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla si entiende que, al dejar de ser aforado, debe ser la jurisdicción ordinaria la que asuma el procedimiento abierto a raíz de la querella presentada contra Garzón por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. No obstante, otra posibilidad es que Marchena decidiera archivar la causa si prospera alguno de los recursos pendientes. En este caso, como en los otros dos, la defensa y la Fiscalía han pedido la absolución.
Una vida dedicada a la judicatura
Baltasar Garzón Real ingresó en la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años,
desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010. Ese día Garzón bajó por última vez las escaleras de la Audiencia Nacional
con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de su juzgado, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez
Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Garzón, segundo de una familia de cinco hermanos,
nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino. Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988, fecha desde la que asumió el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En sus primeros años en el tribunal centró su labor en la lucha contra la banda terrorista
ETA, siendo
el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a etarras, y la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la "Operación Nécora".
En 1993, Garzón hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos de las candidaturas del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas. Decepcionado por su paso por la política, se reincorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar el terrorismo de Estado de los GAL por el que fueron condenados el ex ministro del Interior
José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad,
Rafael Vera.
En 1998 el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno
Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.
Convertido ya en juez estrella, Garzón inició entonces el cerco al entorno de la banda terrorista ETA, con
sumarios como los instruidos contra EKIN, KAS y XAKI (18/98) -las "entrañas" de la banda, según la sentencia de la Audiencia Nacional-, Batasuna y sus 'herriko tabernas' (35/02) y las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y SEGI.
Después de que en 2002
se promoviera su candidatura al Premio Nobel de la Paz, el juez decidió en 2005 abandonar la Audiencia Nacional y trasladarse a EE.UU. para dirigir dos cursos en la Universidad de Nueva York financiados por el Banco Santander. Su decisión de no abstenerse en el archivo de una querella presentada contra esta entidad motivó la apertura de la segunda querella contra el juez por parte del Tribunal Supremo.
Tras su vuelta a la sede judicial, que se produjo en 2006, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y heredó la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se produjo en el "bar Faisán" de Irún (Guipúzcoa) durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización.
