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Medidas como la zona única en Madrid buscan facilitar la libre elección de centro
Día 09/02/2012
Aunque la actual ley educativa prevé «libertad de elección de centro», la limitación de plazas impide que se aplique siempre. Es cuando entran en juego los baremos, con criterios como la cercanía del domicilio o tener hermanos en el mismo colegio, lo que lleva a muchos padres a recurrir a la picaresca para sumar puntos. Para que la libertad de elección sea una realidad, la Comunidad de Madrid ha anunciado una zona única en la que se podrá optar a cualquier centro, independientemente del lugar de residencia. El gobierno que preside Esperanza Aguirre ha reformado los criterios de admisión de los centros para que las familias puedan escolarizar a sus hijos donde quieran. Otras comunidades están adoptando medidas para procurar que se cumplan las preferencias de los padres y atajar la picaresca al aplicar los baremos.
Una de ellas es la comunidad de Aragón, donde los problemas se concentran en Zaragoza. Para evitar los trucos, se obligará a acreditar oficialmente el domicilio de residencia con el padrón y el de trabajo con el contrato en vigor.
La Generalitat Valenciana ha intensificado en los últimos años la inspección. En caso de que los padres traten de matricular a sus hijos en una localidad distinta al de su lugar de residencia habitual o puesto de trabajo, la baremación prevé cero puntos.
En Cataluña, la Consejería ultima unas instrucciones a los centros para luchar contra el «fraude» en el próximo proceso de preinscripción y matrícula. El Síndic de Greuges municipal de Sabadell —una especie de defensor de pueblo— entregó en la Comisión de Peticiones del Parlament una petición de acceso a los datos de admitidos en una escuela ante la sospecha de que habían sido manipulados para obtener plaza.
Los pícaros, a la cola
La picaresca puede salir cara en Murcia, donde el curso pasado se «castigó» a 2.000 familias tras descubrir que habían falseado datos o cometieron fallos, relegándoles a la cola del proceso de admisión.
Para evitar admisiones fraudulentas, en Galicia se solicita, además del propio padrón, una certificación de cohabitación expedida por el ayuntamiento cuando se trate de casos de convivencia con otros parientes.
Una reforma en Extremadura hará que la puntuación de cada niño sea secreta, no como ahora. En el futuro solo será posible si se presenta declaración firmada y fundamentada. La reforma también cambiará aspectos de la baremación, como las rentas mínimas para tener puntos.
En Asturias ya se aprobó hace años una norma por la cual los padres que declaren bajos ingresos para conseguir plaza presenten certificación de sus rentas anuales y la autorización expresa para que la Agencia Tributaria dé información.
El Gobierno castellano-manchego apuesta por un modelo que combina los centros públicos y concertados para que «los padres tendrán más posibilidades de elegir centro».
Castilla y León no se plantea cambiar los criterios de admisión, pero para el próximo curso se han reducido las zonas escolares y las familias podrán elegir entre un mayor número de centros al reducir las zonas. En Navarra, el 97 % de los menores obtienen plaza en el centro que sus padres eligieron como prioritario.
