La solvencia de Andalucía sigue generando dudas en el Gobierno de Mariano Rajoy, donde se ve con preocupación un posible incumplimiento del objetivo del déficit para 2011. Esa desconfianza la volvió ayer a expresar el ministro de Hacienda y Administración Territorial, Cristóbal Montoro, quien recordó que ese posible incumplimiento de la Junta lo había sugerido, según recordó, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. El ministro le comunicó esta preocupación al diputado del PSOE Antonio Hurtado en el pleno del Congreso después de éste le preguntara si el Gobierno tiene intención de cumplir con los acuerdos adoptados en la última comisión bilateral Andalucía-Estado.
Montoro afeó al diputado que le urja «sin pestañear» a cumplir sus compromisos a un Gobierno que lleva cinco o seis semanas en el poder y le recordó que son reivindicaciones que se corresponden con incumplimientos del pasado, es decir, del anterior Ejecutivo que presidió José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, el socialista instaba al titular de Hacienda a hacer efectivos los 1.400 millones que, según afirmó, adeuda el Estado a Andalucía, en cumplimiento a unos compromisos adquiridos en la última comisión bilateral.
Objetivos «reales»
Al respecto, el ministro le recordó que la comisión bilateral se celebró cuando ya se había fijado la convocatoria electoral en septiembre, momento en que la responsable del Ministerio de Economía era Elena Salgado. Por ello, le replicó que son necesarios más compromisos «reales», toda vez que reconoció que ha habido un «fracaso y una falta de tipificación con los objetivos de desarrollo con Andalucía, concretado en la falta de inversiones». El diputado socialista, por su parte, arremetió contra el ministro por hacer declaraciones sobre la solvencia de Andalucía que, en su opinión, perjudican a esta comunidad y pidió que les trate igual que a otras como la valenciana. Tras considerar desleal esta actitud, Hurtado le pidió que colabore con la Junta para superar las dificultades económicas que todo el mundo está viviendo en estos momentos y que presente de forma inmediata los presupuestos generales del Estado con los compromisos que adquiere con Andalucía.
La polémica en el Congreso sobre la solvencia de Andalucía coincidió ayer con el anuncio, por parte de los constructores de la región, de la deuda que mantiene con ellos la Junta y que asciende a 1.200 millones de euros. Además, los constructores lamentaron, según indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara de Contratistas de Andalucía, que el Gobierno andaluz «va muy lento en los pagos», tras lo que han apuntado que Junta y sector «trabajamos juntos en documentar dicha deuda para después establecer un calendario de pagos».
Sin calendario de pago
Las fuentes indicaron que la situación de la deuda de la Junta con las constructoras «está como estaba», con una cifra «superior a 1.200 millones» en Andalucía. En ese sentido, señalaron que el Gobierno andaluz «nos dijo el año pasado que iban a pagar 60 millones, y los han pagado, pero supone una cantidad pequeña, no es nada, es un esfuerzo relativamente pequeño, cuando tanto se nos debe». Y precisaron que la Junta «es posible que nos comunique que a finales de febrero o marzo nos quería pagar más de 100 millones de euros» y ambas partes abogan por establecer «una agenda de pagos, pero aún no está establecido dicho calendario».
«No se puede decir que no se debe nada eso es engañar, y quien diga que no se debe nada hace un flaco favor a la realidad», agregaron las fuentes, quienes apuntan que «Junta y sector reconocemos y ya consensuamos hace tiempo que cuando hay una obra de la Administración ejecutada y construida eso es deuda».
Las fuentes del sector dejaron claro que «el problema no son ya las cifras, que son importantes, sino que el problema es que los expedientes deben quedar clarificados, contabilizados y fiscalizados». Precisaron que las constructoras «siempre hemos confiado» en la Junta «al justificar los gastos, pero muchas veces el expediente de obra o no está suficientemente documentado porque no ha habido tiempo, porque la Administración va más lenta, o no se ha contabilizado como deuda de cara a Hacienda, pero la obra está hecha y existe un dinero que se le debe pagar a la empresa, aunque el gasto no esté contabilizado». Por ello, consideran que «lo más importante es documentar la deuda de la mejor forma posible, saber exactamente qué nos debe la Junta, y estamos en ese procedo de documentación de la deuda; ahora debemos documentar esa deuda y después irnos a Hacienda». «Hay que documentarla de la mejor forma posible para que la Administración se plantee hacer un calendario de pagos», agregaron las fuentes.
Por último, creen que la Junta de Andalucía «va bastante lenta, pues los constructores llevamos casi un año parados, sabemos que la situación económica de la Junta no es fácil, pero debemos tener una documentación seria de compromiso de deuda, reconocer la deuda y establecer el calendario de pagos».
