Solicita auxilio de la Agencia Tributaria para facilitar el avance de las investigaciones tal y como le recomendó Anticorrupción.
Pide a la Junta de Andalucía los expedientes de las ayudas a pequeñas empresas a solicitud del Ministerio Público.
También lo había propuesto el fiscal. Que la Junta le diga las ayudas que fueron solicitadas y no concedidas.
Los abogados podrán consultar las actas de los consejos de Gobierno de la Junta desde 2001 en el juzgado y en presencia del secretario.
Que dos interventores realicen una «pericial contable» de las ayudas dadas por IDEA mediante transferencias de financiación
La juez pide que la Junta informe a la Guardia Civil de las comisiones pagadas a aseguradoras como Vitalia y Uniter.
Del último auto de la juez Mercedes Alaya se desprende que no se fía demasiado de la investigación realizada por la Junta de Andalucía sobre la trama del llamado «fondo de reptiles». De ahí que una de las peticiones principales de ese escrito, firmado ayer mismo por la instructora del sumario de los ERE y en el que responde a las peticiones de nuevas diligencias que le realizó el pasado 26 de enero el Fiscal Anticorrupción, es que ordena «una prueba pericial contable» a cargo de la Intervención General del Estado sobre el estado de la contabilidad en lo relativo a las transferencias de financiación realizadas por la agencia IDEA, a través de las cuales la Junta de Andalucía repartió las ayudas que están siendo investigadas.
Y, para ello, Alaya designa a dos interventores del Estado para que se encarguen de examinar las actas de IDEA. Pero no acaba ahí la petición al Gobierno central para que le ayude en su voluminosa y compleja investigación. La magistrada también solicita el auxilio judicial de la Agencia Tributaria, una petición que ya fue hecha en su escrito por el Ministerio Público para que se designase un equipo de técnicos que facilitaran el avance de las investigaciones de la Policía Judicial.
Pero Alaya también accede a otra petición fundamental del fiscal: que se investiguen las ayudas que fueron denegadas por la Consejería de Empleo desde el año 2001 a 2011. Así, según fuentes judiciales, en ese escrito, la juez requiere a la Junta de Andalucía que aporte «la totalidad de los expedientes de ayudas a empresas» de la partid 31-L que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, definió como «fondo de reptiles».
En esa totalidad de expedientes Alaya incluye las ayudas «pequeñas» y también las «denegadas». Una solicitud que Anticorrupción consideraba fundamental (en referencia a las denegadas) para «discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan».
Y, en cuanto a las pequeñas empresas, el fiscal quería examinar la totalidad de esos expedientes de menor cuantía porque consideraba que podía tratarse de «empresas ligadas de manera expresa o simulada directa o indirectamente a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados investigados en esta trama fraudulenta».
Las actas
Otra de las grandes novedades del escrito de ayer es que las partes podrán acceder a las actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde el año 2001 que la magistrada tiene en su poder desde hace algunos meses y que provocaron un conflicto entre la juez y el Ejecutivo andaluz que se negaba a facilitárselas alegando que se trataba de documentos protegidos por el secreto de las deliberaciones del Gobierno. De hecho, tuvo que ser el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo el que se pronunció para que la juez pudiera acceder a esas actas. Y ahora autoriza a todas las partes personadas a que puedan acceder a ver esas actas. Sin embargo, dado lo voluminoso de los papeles y el número de partes personadas (hay mas de cincuenta imputados), el juzgado emplaza a todos ellos para que puedan consultarlas en sede judicial y en presencia del secretario. Para ello deberán fijar una fecha en la que todos puedan acudir al juzgado a ver esos papeles.
Vitalia y Uniter Requiere al Ejecutivo para que envíe a la Guardia Civil las comisiones cobradas por las aseguradoras
La juez también a la Junta de Andalucía que envíe a la Guardia Civil un informe sobre las comisiones cobradas por Vitalia y Uniter. Ahora el juzgado también tiene pendiente la contestación a los numerosos recursos presentados por los intrusos. Y para el día 23-F se reserva el plato fuerte: la declaración de Guerrero.
La juez ya ha recibido el testimonio de los juzgados de Andújar en la que le remiten la investigación sobre Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Los juzgados aceptan la solicitud de inhibición que le hizo Alaya y le han enviado el sumario para que sea la magistrada sevillana la que se haga cargo de esa investigación. Eso supone que indagará sobre las subvenciones de 900.000 euros que recibió el que fuera chófer de Guerrero. Y también sobre sus escandalosas declaraciones. El chófer reveló a la Guardia Civil y en dos juzgados que parte del dinero que recibió se lo gastaron en «cocaína, fiestas y copas». Y también dijo que le compró a su entonces jefe relojes, ropa, música, antigüedades y un piano de cola.
