Gobierno y CGPJ cierran filas con el TS tras los ataques por condenar a Garzón

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¿Quién ha sido el destinatario de la condena por prevaricación, Baltasar Garzón o los siete magistrados del Tribunal Supremo firmantes de la sentencia? Muchos de los defensores y simpatizantes de Garzón que hasta ahora decían «acatar» las decisiones de la Justicia han puesto en el punto de mira de su agresiva campaña contra el Tribunal Supremo —a nivel nacional e internacional— a la Sala que por unanimidad condenó a Garzón a once años de inhabilitación por prevaricación.

Los partidarios de Garzón no solo se han movilizado en manifestaciones de apoyo al ex juez, sino que directamente están acusando a los siete magistrados del alto Tribunal de ser ellos unos prevaricadores que le han sancionado por motivaciones «políticas», pese a ser evidente que la decisión ha sido adoptada sin fisura alguna por jueces de distintas sensibilidades ideológicas. Ningún argumento jurídico —pese a la solidez técnica de la sentencia y pese a su unanimidad— permite admitir a los simpatizantes de Garzón que su condena es ajena a una hipotética persecución «política» o a venganzas personales entre miembros de la judicatura.

Aparte queda el dato —obviado por todos ellos— de que fue el propio Garzón quien de algún modo decidió la composición del Tribunal tras sucesivas recusaciones de magistrados para apartarlos del juicio. Ahora, sin embargo, todos son acusados de «fascistas». Tal es la agresividad de las acusaciones contra los magistrados —y aún está pendiente de conocerse la sentencia de la vista oral por la «memoria histórica»— que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vieron obligados a salir en defensa del Supremo y de la profesionalidad de sus magistrados. Mientras desde el Ejecutivo se llamaba a la «responsabilidad» a quienes critican la sentencia, desde el CGPJ se recordaba que el tono de las críticas supone un «atentado al Estado de Derecho».

«Este Gobierno —dijo ayer Soraya Sáenz de Santamaría— respeta las decisiones judiciales, las comparta o no, le gusten o no. Por eso, pedimos al conjunto de los responsables políticos que tengan el mismo respeto», afirmó. La vicepresidenta no quiso valorar el papel de la Fiscalía, pero sí comentó que «no recibe instrucciones del Gobierno. Eso se ha acabado».

Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, calificó de «intolerable» esta campaña de desprestigio. «Entiendo que la ciudadanía se manifieste y diga que no comparte la decisión del Supremo, pero no comparto, rechazo y me parece intolerable que se les llame fascistas por esta resolución», dijo Bravo en TVE.

Las asociaciones judiciales, la mayoritaria de fiscales, el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Madrid e incluso la mayoría de los magistrados de la Audiencia Nacional expresaron su máximo respeto por la sentencia. Y sólo una minoría de los que hasta hace dos años —el tiempo que lleva suspendido— eran compañeros de Garzón en la Audiencia la ven «injusta y vengativa». En lo que sí había cierta «unanimidad» en este tribunal era en que el Supremo podía haber evitado las expresiones que comparaban la conducta de Garzón con la de «regímenes totalitarios». Los funcionarios de su juzgado expresaron su «frustración» por la condena, pues Garzón «ha sido, es y será un referente y la cabeza más visible de una forma de hacer justicia, pero Justicia con mayúsculas».