Están en el ojo del huracán. Surgieron como un elemento de apoyo a los pequeños municipios, pero los sucesivos escándalos que se tejieron desde sus despachos han acabado minando su imagen hasta el punto de que no hay comicio en el que su supervivencia no se ponga a debate. Las diputaciones provinciales están en el ojo del huracán según el color de quién ostente la vara de mando. El PP, por primera vez en la democracia, gobierna en cinco de ellas: Málaga, Granada, Córdoba, Almería y Cádiz. Un relevo que ha servido para airear unas instituciones donde las alfombras ocultaban algo más que polvo y en las que las deudas se incrementaban al mismo tiempo que se guardaban en los cajones.
Los primeros 100 días de los nuevos equipos de gobierno han servido para «darnos cuenta de que estas instituciones eran un chiringuito para favorecer a la gente del PSOE e IU», comenta un dirigente del ente malagueño. Una opinión a la que se apuntan sus compañeros de partido en otras provincias. «Bombón» o «regalito» son algunos de los términos que con cierta sorna se han empleado para definir la herencia de los socialistas en estos organismos. Una situación que en cifras se traduce en casi 1.000 millones de deuda y una retahíla de dudosas decisiones que hacen inevitable pensar que 30 años de gobierno empapan de cierta impunidad algunos excesos.
El último en hacer pública su denuncia ha sido el portavoz de la Diputación de Granada, José Torrente. El escándalo en cuestión es un clásico: presuntas irregularidades en las contrataciones para favorecer a personas vinculadas al PSOE. El Consorcio de Bomberos de Málaga (CPB) se convirtió en refugio laboral de muchos afiliados de la agrupación socialista que presidía el entonces gerente, mientras que la política laboral del ente supramunicipal almeriense hasta protagonizó una sonrojante cámara oculta.
Juan Antonio Liaño, responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación de la Diputación gaditana también se ha topado con altas «extrañas» en torno a la Oficina del Bicentenario. Un organismo que se puso en marcha para coordinar los actos conmemorativos de La Pepa y que ha sido un pozo sin fondo para el dinero público.
Tarjetas, dietas, móviles...
Una de las primeras medidas adoptadas por los presidentes de la Diputaciones gobernadas por el PP ha sido acortar las inacabables listas de cargos de confianza. Los cinco entes sumaban unos 250 puestos de este tipo, una cifra que se ha reducido considerablemente con ejemplos como el de Almería, donde se ha pasado de 48 a 11 cargos de libre designación.
En Cádiz también se ha optado por «adelgazar» la plantilla de conductores y limitar el uso del coche oficial, una herramienta de trabajo de la que algunos abusaron en demasía, explica Liaño. «La administración tiene que ser más ligera, tiene que adelgazar, para que pueda seguir funcionando», manifestó el presidente de la Diputación malagueña, Elías Bendodo, cuando hizo balance de sus primeros 100 días gobierno.
El «todo vale» con el que se han desenvuelto algunos dirigentes ha tenido su máxima expresión en este organismo y en la exgerente del Patronato de Turismo de Málaga, Ana Gómez. Los gastos en peluquería, compras o cenas y los reiterados reintegros en cajeros automáticos con las numerosas tarjetas de las que disponía sólo se descubrieron cuando se produjo el cambio de gobierno en la institución.
Los excesos se han producido de cualquier forma imaginable. La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Luisa García Chamorro, denunció que en los tiempos de gobierno de PSOE e IU las «dietas» estaban también garantizadas para sus cargos de confianza, al igual que hicieran los diputados provinciales de ambas formaciones, «que acumularon sobresueldos pasando dietas y gastos de locomoción». Juan Antonio Liaño, por su parte, aseguró que el consumo de los teléfonos móviles era tan elevado que se han establecido restricciones: «100 euros de gasto mensual por diputado y 30 para los conductores».
Las subvenciones han sido otro ámbito en el que la sombra de la duda no se disipa. El área de Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga ha sido definida por los populares como un «superchiringuito» para «enchufar a gente de IU escudándose en presuntas actividades solidarias» y a través del cual se han pagado cuestionables viajes al Caribe. La vicepresidenta tercera del ente, Ana Carmen Mata, ha denunciado que de los 6,7 millones de euros destinados a este fin entre 2007 y 2010, 2,4 «han ido a subvenciones directas, en concreto 76, para proyectos no visibles en la población destinataria". Además, de un total de 96 proyectos aprobados tras concurso público, "sólo se han cerrado y justificado 23, es decir un tercio».
El diputado gaditano señaló, al referirse a la gestión de estas ayudas, que «se han repartido por toda Sudamérica, pero el dinero no se sabe dónde está».
Líneas de actuación
Austeridad y ahorro son las dos palabras más usadas por los dirigentes de los nuevos equipos de gobierno. Las deudas heredadas y la reducción de los ingresos están condicionando las decisiones de los nuevos equipos de gobierno, aunque la premisa es «no recortar en políticas sociales».
La Diputación malagueña ha puesto un plan de contención del gasto con el que se ahorrará 12 millones de euros hasta final de año y se ha reducido de 633 a 14 las firmas autorizadas para gastar en nombre de la institución. «La Diputación es y va a ser austera», ha insistido Bendodo, para después marcar el nuevo rumbo económico insistiendo en que «no se va a gastar ni un céntimo más de lo que se pueda ingresar».
«Hay que ser responsable como todas las administraciones y no se puede dejar facturas en los cajones sin control presupuestario como ha pasado hasta ahora», criticó.
El ente cordobés también ha puesto en marcha planes de austeridad que, entre otras cosas, afectan al consumo energético. Se ha realizado un estudio en sus instalaciones del que se han derivado unas medidas que conseguirán ahorrar electricidad, lo que supondrá un ahorro económico anual de unos 64.000 euros y un beneficio ambiental de más de 183 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera.
«Este nuevo gobierno ha mostrado ya su nueva voluntad, construir una administración más austera, más eficiente y más transparente, con una reordenación de los recursos públicos», aseguró el portavoz cordobés, Andrés Lorite, quien puso como ejemplo de este nuevo rumbo que, «al tomar posesión, nos encontramos ocho carreteras cortadas, desde hacía un año, a consecuencia de las lluvias. Rápidamente nos pusimos en marcha para paliar unas circunstancias graves porque imposibilitaba el acceso a la zona del olivar en la campaña de la aceituna».
La Diputación almeriense, por su parte, hace encajes de bolillos para mantener el ritmo inversor y va a destinar a este cometido 28,4 millones, siete millones más que el año pasado. La institución está adelantando dinero a los ayuntamientos que lo están pasando peor para que hagan frente a gastos urgentes como el pago de nóminas y «está siendo muy flexible» con el pago de la deuda que éstos mantienen.
Con el Plan Cuatrienal 2012-2015 se pretende invertir 60 millones de euros en la provincia y se cubrirá la aportación de la Junta de Andalucía, que ha retirado su inversión. Además, se estudia cómo mejorar el grado de ejecución hasta entre el 90 por ciento y el 100 por 100.
La generación de empleo es fundamental para los nuevos dirigentes de estos entes. El diputado del área de Hacienda, Recaudación y Contratación de la Diputación de Cádiz describe la sucesión de planes que se van a desarrollar en este ámbito. Uno de ellos estará destinado a familias en situación de emergencia social; otro cuyo montante es de seis millones tratará de revitalizar el tejido empresarial a través de la ayuda a los emprendedores y autónomos; y el tercero tendrá un fin más genérico. En total se destinarán casi diez millones.
La inversión en infraestructuras es un elemento clave en el mercado laboral. La falta de ingresos está retrasando muchas actuaciones y obliga a las administraciones a duplicar la funcionalidad de las mismas. El ente granadino, por ejemplo, va a introducir criterios de carácter social a la hora de evaluar las empresas que participen en concurso abierto para la adjudicación de las obras de la institución provincial. Hasta la fecha, la licitación se ha diseñado atendiendo exclusivamente al precio que pudieran ofertar las empresas concursantes —antigua subasta— mientras que a partir de ahora se tendrán en cuenta medidas por parte de dichas empresas como la contratación de parados de larga duración, discapacitados o personas integradas en algún colectivo denominado de exclusión social.
