El caso estalló en 2006, ante las presuntas irregularidades detectadasen la justificación de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación
Día 22/02/2012 - 16.52h
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga la posible duplicación de facturas de la federación provincial de asociaciones de vecinos 'Unidad' con cargo a subvenciones del Ayuntamiento hispalense y la Diputación provincial, ha ordenado finalmente el sobreseimiento de la causa para el exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo, la extrabajadora de 'Unidad' Susana Delgado y el que fuera asesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, procesando por un posible delito de falsedad en documento oficial al resto de imputados.
El juez instructor, Manuel Ignacio Centeno, ha emitido un auto de procedimiento abreviado mediante el que ordena la transformación de las diligencias previas y procesa por un posible delito de falsedad en documento oficial a la expresidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado, su esposo Ángel María Cervera, la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados, el administrador único de la copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma empresa María del Carmen M.N. De otro lado, y según el documento recogido por Europa Press, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en cuanto al exconcejal socialista Gómez Lobo, Domingo Enrique Castaño y la extrabajadora de 'Unidad' Susana Delgado.
El caso «Unidad»
El caso de las posibles facturas duplicadas de la federación provincial de organizaciones vecinales 'Unidad' estalló en 2006, ante las presuntas irregularidades detectadas en la justificación de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad cuando la presidía Ángeles Nevado, esposa del exasesor de Presidencia de la institución provincial Ángel María Cervera.
Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por 'Unidad' por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación. Sobre el papel de estas personas en los hechos, cabe recordar un informe elaborado por el ingeniero, economista forense y auditor censor jurado de cuentas Ignacio Barrio Hernández, que trataba de aclarar "si se han efectuado prácticas de libramiento de facturas de 'Copyur' con destino a 'Unidad', con el presumible fin de simular gastos que se habrían producido, a fin de justificar pagos acreditando un gasto subvencionado por el Ayuntamiento y la Diputación".
