En un comunicado, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha sostenido que todo apunta a que el Ministerio "pretende saber, de forma coercitiva sobre los funcionarios, cual es la deuda total pendiente de los Ayuntamientos" y tener una "nueva excusa para poner de manifiesto la mala y catastrófica situación que dicen haber heredado y utilizar este argumento nuevamente para justificar la batería de recortes".
Prueba de ello es, según Villalobos, que el plazo que se establece para que los Ayuntamientos comuniquen sus deudas es, "casualmente", hasta el 15 de marzo, de lo que deduce que "lo difundirán ampliamente en los medios de comunicación entre el 16 y 25 de marzo, durante días claves de la campaña electoral". De esa forma, "abrirán las expectativas de cobro a muchos proveedores y pondrán de manifiesto la que, a juicio de los populares, nefasta gestión realizada antes de llegar el PP al gobierno", según el análisis de Villalobos.
Dudas sobre el mecanismo de financiación
Asimismo, se pregunta por el mecanismo de financiación que el gobierno habilitará para pagar a los proveedores y deduce que se traducirá en una operación de crédito sobre los ayuntamientos deudores, con lo que "lo único que van a cambiar es el nombre, es decir, ahora se llaman deudas a proveedores y después se llamarán deudas bancarias". Ha alertado de los "peligrosos interrogantes" que plantea convertir deuda a proveedores en bancaria por las limitaciones que tienen los consistorios para operaciones de endeudamiento para gasto corriente, lo que llevará a la mayoría a no poderse acoger a los mecanismos de pago a proveedores por imposibilidad legal.
Además, ha advertido otro problema derivado de que al tener prioridad los pagos de intereses y el capital de la deuda "toda la deuda que se convierta en bancaria será prioritaria sobre otros pagos, como por ejemplo los de las nóminas de los trabajadores". Villalobos ha pedido al gobierno "que no engañe a los proveedores porque lo único que esta medida va a provocar es transferir los intereses de demora que por derecho le corresponde a los proveedores al sistema bancario, en la que hasta ahora es la última maniobra de distracción de cara a las elecciones andaluzas"
