Inspectores de Trabajo y Hacienda peinan la Feria para destapar el fraude

El negocio que genera la Feria es el argumento estrella para los feriantes más recalcitrantes, para los distintos gobiernos municipales y para los sevillanos cuando tenemos que defender ante terceros que se monte una ciudad con todos sus detalles en un solar, sólo para una semana y con el único proposito de lucirse y de buscar la diversión.

Pero ese negocio no ha tributado lo que le correspondía, al menos, ante la Administración del Estado por lo que sus responsables han decidido terminar con la economía sumergida que se genera bajo las lonas y que alcanza cifras astronómicas. Y desde el lunes por la noche, los inspectores de la Administración Tributaria y de Empleo se han desplegado por la Feria solicitando todo tipo de documentación y facturas. El objetivo es detectar cualquier fraude y que aflore la economía sumergida que genera esta fiesta. Esta iniciativa, que ha sido confirmada oficialmente por los responsables de Hacienda como «verificación censal», es la primera vez que se lleva a cabo en el real de la Feria donde, hasta ahora, no se habían producido inspecciones de este tipo.

El objetivo de los inspectores de Hacienda son los titulares de las casetas, sobre todo las particulares, a quienes se les solicita el contrato con el feriante que explota el bar, la factura por el montaje, por el pago del grupo que acude a cantar o por el alquiler de las sillas. El problema que hallan estos funcionarios es que la mayoría de estos titulares, cuando los encuentran porque la casuística es muy variada, aseguran que no hay contrato firmado sino un apretón de manos; que, por supuesto, no hay dinero de por medio, y que el montaje lo realizan los propios socios el fin de semana de preferia.

La regulación del Ayuntamiento que ha obligado a especificar claramente el titular, o los miembros de la asociación a la que se adjudica la caseta, permite a los inspectores de Hacienda solicitar precisamente las cuentas de dichas asociaciones. Pero también aquí la picaresca da la solución, «tenemos actividades todo el año y el dinero nos lo gastamos en actividades culturales, no en pagar nada más que las tasas municipales».

Los inspectores de Trabajo son, sin embargo, mucho más temidos porque todos los trabajadores tienen que estar con su documentación en regla y con el alta en la Seguridad Social al día. Y no admiten espera. Solicitan los nombres y el número de carné de identidad de todos los trabajadores para verificar los datos que tienen que mandar a la mañana siguiente a la oficina central de la Seguridad Social. Aquí el objetivo es localizar a los trabajadores que están cobrando una prestación del Estado (que puede ser el desempleo, o el PER, o la ayuda familiar para personas que ya han agotado todas las prestaciones) y, además, están cobrando un dinero que no declaran y que puede suponer más de tres mil euros para cada trabajador por sólo una semana de trabajo aunque, eso sí, a destajo.