Treinta minutos. Es el máximo tiempo que tendrán los grupos políticos, PP, PSOE e IU, para formular preguntas y escuchar las respuestas de los comparecientes que han sido citados a declarar a partir de mañana ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz que analiza las responsabilidades políticas en los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía.
El formato de las comparecencias aprobado hoy por el PSOE e IU, con el voto en contra del PP, establece, sin embargo, que cada persona llamada a declarar disponga de 90 minutos como máximo por intervención repartido en dos turnos: el primero, de una hora, al comienzo de la intervención, y un segundo turno de treinta minutos más para cerrar, según reveló a los periodistas el presidente de la comisión, Ignacio García, diputado de IU, al término de una reunión en la que se decidió el formato de la intervenciones y que se prolongó durante casi hora y media.
El procedimiento de las comparecencias relega el tiempo dedicado a la fórmula de pregunta-respuesta, pues se otorga a cada grupo político un máximo de 20 minutos para hacer interpelaciones y escuchar sus respuestas. Este turno puede ampliarse con otro de 10 minutos parada cada grupo, si así lo decide el presidente.
El PP lo considera una burla
Ignacio García consideró "bastantes razonables" los tiempos fijados y aseguró que se han fijado teniendo en cuenta el reglamento del Parlamento y los "precedentes". En cambio, el diputado del PP y miembro en la comisión de investigación por este grupo Rafael Carmona denunció que con esta distribución de tiempos cada grupo no podrá hacer más de seis u ocho preguntas y lo calificó de "engaño" y "burla".
Ignacio García confirmó que no comparecerán dos de las 25 personas llamadas a declarar ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010. Se trata del empresario que creó un entramado de empresas del corcho beneficiadas con Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, porque "estaba de viaje en el extranjero y no había nadie en su casa", según indicó García. La otra ausente será Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda en la etapa de Manuel Chaves.
Rodríguez de la Borbolla obtuvo "con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" un total de 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta, según indicó en un auto la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.
Magdalena Álvarez excusó su ausencia por encontrarse en una reunión del Banco Europeo de Inversiones, de la que es vicepresidenta, el día para el que fue citada (28 de agosto). IU y PSOE se negaron, como solicitó Álvarez y para extrañeza del pp, que se aplazara su comparecencia al día 30, coincidiendo con la jornada en que comparecerán los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana, por su supuesta participación, al igual que el exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, en la aprobación del ERE de la Faja Pirítica de Huelva.
La ronda de comparecencias las cerrarán el 31 de agosto el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el actual líder del Gobierno andaluz José Antonio Griñán, a las 9.00 y 12.00 horas, respectivamente, en plena operación retorno de las vacaciones estivales.
