La Junta activa el desahucio de «okupas» en viviendas propiedad de la Consejería

La Junta de Andalucía, paladín en la lucha contra los desahucios, impulsora de un decreto que ampara la expropiación de viviendas a los bancos e inmobiliarias que pretendan desalojar a los vecinos que no puedan pagar la hipoteca y corren riesgo de exclusión social, no se detiene cuando trata de recuperar las casas de su propiedad. Y ello, pese a que en las mismas estén residiendo viudas, jubilados o familias sin recursos que han optado por convertirse en «okupas».

El periódico digital Diagonal Andalucía, se hacía ayer eco del caso de varias familias que a principios de abril accedían a un bloque de pisos vacíos de la empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), en el barrio granadino de Almanjáyar.

Los ocupantes afirman que en la zona se encuentran numerosos pisos vacíos propiedad de la Junta, y que son muchas las personas que los necesitan. La Policía Nacional ya ha identificado a las familias y representantes de la Consejería de Fomento y Vivienda les ha explicado sobre las consecuencias judiciales al tiempo que ha presentado alguna denuncia contra una inquilina por un presunto delito de usurpación.

Juan Hidalgo, gerente de EPSA en Granada, explicó a Diagonal que «no podemos permitir ni jalear la actitud de patada en la puerta; pasado mañana puede ser tu vivienda o la de otra persona. Todos debemos ser prudentes y hay que ceñirse al marco legal».

Por otra parte, El Mundo publicaba ayer una información sobre el supuesto intento de la Junta de desahuciar en la provincia de Cádiz a tres viudas y tres jubilados. Entre estos últimos está un antiguo peón de carreteras que ocupa, como el resto de los afectados, una de las viviendas que antes pertenecían al antiguo Ministerio de Obras Públicas y en la actualidad son propiedad de la Junta.

Rafael Carbajo, al que se le ha notificado el lanzamiento a instancia de la Consejería de Fomento y Vivienda, vive en esa casa desde hace veinte años, y ha recibido la notificación dos décadas después de jubilarse. Las otras cinco personas que están en sus mismas circunstancias desconocen aún la fecha en la que tendrán que salir. Carbajo admite que la ley no le ampara, pero lamenta que a la Junta «le ha dado por mí».

El delegado territorial de la Consejería en Cádiz, Manuel Cárdenas (IU), afirma que la vivienda está destinada al uso de los trabajadores del servicio de carreteras, y que Carbajo ya no vive en esa casa, ubicada en el término de el Puerto de Santa María, sino en Cádiz, donde está empadronado.